La Contraloría General de la República (CGR) realiza una investigación preliminar por el uso, sin permiso de la Asamblea Legislativa, que el Ministerio de Hacienda le dio a ¢182.000 millones para hacer frente al pago del vencimiento de la deuda.
Así lo manifestó la contralora Marta Acosta, quien apuntó que no podía profundizar en el tema, a fin de no adelantar criterio ni afectar el curso de la indagación preliminar.
“Se estarán realizando más requerimientos de información al respecto en los próximos días”, reseñó Acosta.
Dicha situación se da en momentos en que el Estado atraviesa una grave situación fiscal, que obliga a las autoridades hacendarias a solicitar un presupuesto extraordinario y no se descarta que, en el corto plazo, Hacienda solicite otro para hacer frente a sus responsabilidades y pagos.
Los ¢182.000 millones se encuentran dentro del presupuesto extraordinario solicitado el 31 de julio anterior por Hacienda, que ronda los ¢600.000 millones.
NO ERAN ¢48.000 MILLS.
Pese a que el martes anterior, la ministra de Hacienda Rocío Aguilar dijo en la Comisión de Hacendarios que autorizó, sin el permiso del Congreso, el pago de ¢48.000 millones para el vencimiento de la deuda interna, lo cierto del caso es que dicha suma está muy por debajo del monto real, la cifra empleada para dicho concepto entre los meses de junio y julio fue de ¢182.000 millones, es decir, ¢134.000 millones más.
La Contraloría así desmintió a la jerarca de Hacienda en el informe “Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público, primer semestre del 2018”, elaborado por la CGR, tras analizar las finanzas públicas durante el primer semestre del año.
“El Ministerio de Hacienda ha indicado la cancelación (amortización) de títulos de deuda sin la existencia de contenido presupuestario en los meses de junio y julio por un monto de ¢182 mil millones (compuestos de ¢48 mil millones de títulos a corto plazo y ¢134 mil millones de títulos a largo plazo), lo cual incide en el cumplimiento de los principios presupuestarios de universalidad e integridad, y de especialidad cuantitativa y cualitativa del presupuesto, consignados en la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP)”.
Según se desprende de la auditoría de la Contraloría, en la formulación del Presupuesto Nacional para 2018, la Tesorería estimó realizar canjes de deuda con afectación a vencimientos de este año, por el orden de ¢300 mil, pero solo se alcanzó a cumplir el 23% de la meta.
Al respecto, Marta Acosta, contralora de la República, señaló: “el informe plantea temas de transferencia presupuestaria porque hay pasivos relevantes que no están siendo registrados ni tomados en consideración en el déficit financiero, como lo son los compromisos del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o amortizaciones de la deuda que han realizado sin contenido presupuestario por ¢182.000 millones tomando en consideración los pasivos de largo plazo”.
Posterior a su salida de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Rocío Aguilar detalló que informó a la Comisión que no estaba muy clara de la cifra, por lo que procedería a su rectificación, aspecto que realizó y que luego informó que eran ¢182.000 millones, pues los ¢48 mil millones eran para el pago de vencimientos del corto plazo.
“El día de ayer, (miércoles) cuando a mí me pasaron la cifra, inmediatamente rectifiqué en la comisión que iba a pedir el dato completo, porque no sabía si era todo y hoy (ayer) se lo mandé a la comisión, haciendo la rectificación del monto, la diferencia provino en que allí estaban divididos los fondos de corto y de largo plazo y yo sólo me referí a los de corto plazo”, aseveró Aguilar.
Sobre la investigación que realizará el ente contralor, Aguilar se mostró de acuerdo y agregó: “me parece que es lo mejor que puede suceder, que sea un ente externo como es la Contraloría la que proceda a realizar la investigación sobre este tema. Ya nosotros procedimos a iniciar las gestiones, pero vamos a conversar con la Contraloría. A mí en lo personal, me gustaría más fuera la Contraloría que goza no solo de reputación sino la independencia para que en ningún momento quede duda del caso”.
Por su parte, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Franggi Nicolás presentará hoy una relación de hechos ante el Ministerio Público, para que califique la conducta del pago de ¢182 mil millones, sin autorización legislativa, al tiempo que acudirá a la Procuraduría de la Ética para que siente las responsabilidades correspondientes.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Viernes 10 Agosto, 2018
HORA: 12:00 AM
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