La Fiscalía General de la República allanó la oficina en que laboran siete empleados de los Tribunales de Justicia por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Se trata de trabajadores de la Unidad Operativa de Dirección Funcional, quienes habrían dejado de lado su trabajo y tenían miles de informes guardados desde hace 5 años.
La investigación inició luego de que en junio anterior se presentaran informes a la Fiscalía con aparentes irregularidades en la gestión de casos, algo que preocupó a la jerarca Emilia Navas.
Los informes nacen tras una supervisión exhaustiva de la Fiscalía Adjunta del Primer Circuito Judicial de San José en dicha Unidad, así como en otras dos denominadas Unidad Centralizada de Desestimaciones y Unidad de Archivos Fiscales.
Según el archivo, se descubrió casi 20.000 informes policiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sin atenderse, retrasos de al menos 5 años en la atención de casos con informes.
Además de encontrar al menos 5.400 causas cercanas a la prescripción y aproximadamente 3.600 correos electrónicos del OIJ dirigidos a las unidades sin tramitar.
NAVAS NO AGUANTÓ NADA
Al ver lo sucedido, la fiscala general Emilia Navas decidió tomar cartas en el asunto, por lo que solicitó el secuestro de las computadoras que los trabajadores utilizan para sus funciones.
De igual forma, decidió hacer un plan de trabajo de emergencia, para que se revise cada uno de los expedientes, que se amplíe la investigación o los expedientes se acusen, archiven o se pidan desestimaciones o sobreseimientos a los Juzgados Penales.
Esto basado en el análisis exhaustivo de cada archivo, según corresponda en cada caso, para dar una respuesta a la persona usuaria que tiene años esperando una resolución.
Entre otras medidas, Navas tomó la decisión de comunicar los hechos a la Inspección Judicial y abrir una causa penal para sentar las responsabilidades correspondientes ante los que no han cumplido con su labor.
La disposición más severa dictada por la fiscala fue cerrar las tres unidades, distribuir al personal en diferentes despachos del país y distribuir los casos en las distintas fiscalías, según la jurisdicción correspondiente.
Actualmente, el Poder Judicial se encuentra en una de sus crisis más penosas debido a la pérdida de confianza y la mala imagen que la ciudadanía tiene por los recientes casos que han sonado en la prensa nacional.
