En el Ministerio Público de Alajuela y bajo el expediente número 17-000243-0619-PE, se investiga un caso en el que se acusa a dos privados de libertad y tres funcionarios de la cárcel San Rafael de Alajuela por un presunto delito de cohecho impropio.
Se trata del supuesto pago de favores concedidos a lo interno de la prisión que dos reos con mucho poder recibieron a cambio de dádivas y el eventual otorgamiento de libertades por parte de los funcionarios señalados por la Fiscalía.
Según el Departamento de Prensa del Ministerio Público, los funcionarios señalados e investigados son el director de la cárcel Luis Paulino Mora, Miguel Lobo Montero, así como dos funcionarios de orientación de apellidos Chaves y Fonseca.
El caso -que en su momento DIARIO EXTRA dio a conocer- ahora está en una etapa de recolección de pruebas, según indicaron las autoridades.
“Respecto a su consulta, la Fiscalía Adjunta de Alajuela informó que el expediente 17-000243-0619-PE se encuentra en investigación, contra cinco personas de apellidos Chaves Cervantes, Usma Cano, Narcís Calota (rumano), Lobo Montero y Fonseca Rojas (mujer), por el presunto delito de cohecho impropio”, detallaron en el Ministerio Público.
Los datos que la Fiscalía de Alajuela compartió son escasos debido a la ley que impide a la prensa conocer mayores detalles al respecto, pero se confirmó que se está detallando las pruebas que podrían servir para elevar la acusación a juicio.
“La causa se encuentra dentro de la fase preparatoria, que consiste en la recolección y análisis de pruebas y es privada para terceras personas, según el artículo 295 del Código Procesal Penal”, señala la Fiscalía.
SOBORNOS
La denuncia la presentó un alto funcionario de cárceles de Adaptación Social y la misma se basa en el testimonio de privados de libertad que durante julio del 2017 pertenecían a los programas penitenciarios de talleres que la institución dispone como una herramienta para la rehabilitación de los reos y su paso a la libertad mientras laboran.
Según detallan en la denuncia que se le entregó al director de la Policía Penitenciaria Pablo Bertozzi, el funcionario Chaves Fernández, orientador de los programas de taller, habría recibido 5 millones de colones en sobornos disfrazados de donaciones por parte de tres extranjeros de origen mexicano, rumano y colombiano, de los cuales la mitad se perdió y frenó por momentos la eventual libertad de los extranjeros, no obstante, según el detalle, lograron su libertad tiempo después.
“Son muchas las anomalías y cada vez perjudica más a nosotros, ya que hay extranjeros con mucha plata de delitos graves que el personal técnico está ubicando a laborar y les dan mucho poder como el mexicano Victoriano, que es el que manda la bodega de la administración. Otros son el colombiano Usma y el rumano Clota, ellos tienen dominado el taller 1, ellos junto al mexicano donaron plata para hacer el taller más grande. Ellos hasta asistentes pagan porque tienen mucho dinero y por eso recurrimos a la denuncia antes de enfrentarnos con los reos”, puntualiza la acusación presentada el 7 de julio del 2017.
De acuerdo con el Código Penal, el cohecho impropio, del que se acusa a los reos y el personal del CAI Luis Paulino Mora, consiste en la falta de un político o funcionario público cuando recurre a anomalías en la función pública al recibir alguna clase de favor, remuneración o dinero por parte de una persona a la que tiene que juzgar a la hora de tomar una decisión.
El año pasado, la anterior administración del Ministerio de Justicia desestimó el caso y no le dio el valor a la denuncia planteada por los privados, sin embargo, la Fiscalía continuó con el desarrollo de la investigación que estaría arrojando resultados en los próximos meses.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Jueves 19 Julio, 2018
HORA: 12:00 AM
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