El trasiego de teléfonos celulares dentro de los centros penitenciarios, sigue dando dolores de cabeza a las autoridades nacionales, motivo por el cual hacen un llamado a las empresas telefónicas a reconsiderar su posición sobre el proyecto de ley para bloquear la señal en los centros penitenciarios.
El fin de semana se dio el hallazgo de un gato utilizado para trasegar droga y un teléfono celular dentro del Centro Penitenciario La Reforma, hecho que vuelve a poner sobre el tapete la importancia de una medida para acabar con el flagelo de las estafas telefónicas desde las cárceles.
Desde la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), son claros en que la manera de acabar con la utilización de dispositivos móviles es mejorando los controles de seguridad en las cárceles.
Por lo que, para ellos, lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa es una medida que no es conveniente y por la cual han mostrado su malestar desde un principio.
Sin embargo, Pablo Bertozzi director de Policía Penitenciaria aseguró que las compañías en lugar de estar buscando excusas y quejándose deberían desde ya poner de su parte en el tema.
“Hay un sentido de mucha responsabilidad social por parte de las operadoras que lejos de oponerse a estas cosas, más bien deben estar trabajando con nosotros en reglamentos si es posible de cómo se va a hacer y no generando posiciones”, dijo.
“Me parece que es lamentable que cueste tanto decidir sobre temas tan urgentes como estos, cuando hicimos la presentación del proyecto de ley, lo hicimos conscientes de una gran y terrible realidad que tenemos”, agregó.
EMPRESAS SE NIEGAN
Pero para Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la cámara, hay otros aspectos que son más efectivos y que tienen que ser realizados por el Estado y sus encargados en la materia según dieron a conocer desde este ente. “Las mejores prácticas apuntan a que sea el Estado mediante sus autoridades competentes quienes gestionen a través de empresas especializadas una solución que abarque todas las posibles comunicaciones”, dijo.
Entre las acciones de corto plazo que plantea la Cámara, está organizar un taller conjunto con expertos internacionales y autoridades costarricenses para incorporar las mejores prácticas en la propuesta legal.
Bertozzi fue claro en que el problema es más grande de lo que muchos creen y que ese debe ser el principal detonante para que las empresas se metan de lleno a colaborar con el Estado.
En especial tras el incremento en el número de estafas que se cometen desde La Reforma, cuya suma asciende a ¢3.200 millones en los últimos 12 meses o incluso el ordenamiento de asesinatos.
“Mucha gente está sufriendo no solo el tema de las estafas, sino que se está ordenando a través de esos medios matar personas, extorsionar gentes, amenazar testigos, cuanta cosa sea posible”, declaró.
“Todo esto por el hecho de que ellos cuentan con la facilidad de tener la señal celular en las cárceles y el proyecto lo que busca es generar un espacio de seguridad a las personas, no vivir siendo víctimas o potenciales víctimas”, sostuvo.
Desde la Policía Penitenciaria esperan que pronto puedan contar con el apoyo de las compañías y así lograr que esta problemática se pueda erradicar poco a poco durante los próximos meses.
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Miércoles 18 Julio, 2018
HORA: 12:00 AM
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