La clínica Marcial Fallas suma una segunda demanda laboral, ahora por parte de una funcionaria de apellidos Picado Granados, del área de Proveeduría, cuyo proceso está bajo el expediente 18-000337-1550-LA-6, en el Juzgado de Trabajo del III Circuito Judicial de San José, en Desamparados.
La suma solicitada por el abogado defensor de la afectada es de ¢250 millones, pero, además, piden ¢20 millones por daño moral y todos los salarios caídos, así como debido a estrés laboral y cargas de trabajo.
“Ella trabaja en el área de Proveeduría, donde la tienen con el perfil de Técnica 3, realizando labores de Profesional 2, es licenciada en Administración de Empresas incorporada al Colegio de Ciencias Económicas y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alega que no le puede pagar como Profesional 2 porque la plantilla de puestos está obsoleta y no deja cambiar la categoría”, comentó Joseph Rivera, defensor de la mujer.
“Estamos solicitando el pago de los pluses porque la señora maneja carteles de licitación de menor cuantía por montos de hasta ¢90 millones y, de mayor cuantía por montos que a veces alcanzan hasta los ¢400 millones”, aseveró el jurista.
Tanto para la funcionaria como para el abogado, las funciones de Picado Granados conllevan una amplia responsabilidad, que no ameritan un salario de ¢400 mil por mes, monto que consideran bastante bajo, y que más bien debería rondar los ¢2 millones, contando con el plus de prohibición, anualidades y carrera profesional.
Incluso, el defensor alega que la funcionaria se ha quedado en distintas ocasiones, después de la hora oficial de salida porque el tiempo no le alcanza para realizar todas las compras respectivas para el centro médico.
“A ella le pagan las horas extras como técnico y no como profesional al no estar en el puesto que debería. La están explotando en la clínica con tal de atender sus necesidades, incluso hay un grupo de médicos que no quiere aprobar que le paguen bien y en la institución no quieren modificar el perfil”, externó Rivera.
“La funcionaria ya hizo el estudio para cambio de perfil, pero han durado años para que la recalifiquen, es puro papeleo y justifican mal los actos administrativos”, añadió.
Tras la situación, el juzgado envió la notificación respectiva al centro de salud, dando un plazo de 10 días hábiles para brindar una respuesta sobre el caso, el cual vence mañana miércoles.
Otro aspecto acogido por el juzgado fue la medida cautelar ante causam, para que el centro médico se refiera al bajo salario de Picado Granados y a la plantilla de puestos.
Actualmente, la clínica no cuenta con un director nombrado, de manera que el cargo lo asume momentáneamente el doctor Armando Villalobos, encargado de la Dirección Regional de Servicios de Salud Central Sur, a quien DIARIO EXTRA solicitó criterio respecto al tema.
“En este momento trabajamos en ello, no nos podemos referir al asunto porque está en trámite, ahorita es difícil referirnos, cuando tengamos una respuesta con gusto la expreso”, declaró Villalobos.
Una demanda similar se dio en el mes de abril, por parte de una mujer de apellido Granados, cuyo proceso está por ¢150 millones, en este caso, por acoso laboral y sobrecargo de labores. El caso se maneja bajo el expediente 18-265-150-LA.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
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Martes 19 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
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