Un primer grupo de 23 pensiones de lujo de jubilados del Magisterio Nacional fueron analizadas por el Consejo de Gobierno, se valora abrirles un proceso de lesividad para llevarlas a juicio y, de concretarse, se traduciría en una recuperación de ¢288,7 millones anual, por concepto de contribución solidaria.
Estos forman parte de los 325 casos identificados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), del Ministerio de Trabajo, se trata de pensionados del Magisterio Nacional a los cuales no se les aplicaron las reducciones establecidas por concepto de la contribución solidaria, debido a que habían postergado su pensión por siete años, es decir, en vez de jubilarse con 30 años de servicio, hicieron efectivo el derecho a los 37 años de labores.
Luis Paulino Mora Lizano, director de la DNP, sostuvo que el tema fue analizado por el Consejo de Gobierno; luego del proceso de análisis serán remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) y será dicha instancia la que referirá los casos al Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
“Se presentaron 23 casos de los 325 identificados, de los cuales 209 pensionados están activos. La idea es hacer el proceso de lesividad para revertir la exoneración que algún día se les otorgó y que según el criterio de la Procuraduría no corresponde y, en ese caso, en el mismo juicio que se va a entablar, se le solicitó a la Procuraduría pedir una medida provisionalísima para que se pueda empezar al cobro de esa contribución solidaria especial.
Esperamos que, cuando eso se presente a la Procuraduría, los jueces resuelvan favorablemente y así el Estado tenga una recaudación adicional de ¢1.794 millones anuales”, recalcó Mora.
Agregó que se preparan otros 100 casos para ser presentados por parte del ministro de Trabajo, Steven Núñez, al Consejo de Gobierno para su valoración y remisión a la Procuraduría.
“La idea es tener estos en dos o en tres consejos de gobierno para que se pueda finiquitar este plan”, apuntó.
Al respecto, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, comentó que hay voluntad para llevar los casos al proceso de lesividad, que es lo que permite el ordenamiento jurídico.
“Eso va a depender de la PGR, que es el abogado del Estado y que es el órgano competente para plantear los procesos de lesividad una vez que el Consejo de Gobierno tramita la voluntad de que se realice dicho trámite”.
Dicha medida es parte de las acciones anunciadas por el Ejecutivo para el recorte del gasto en el gobierno central.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 06 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
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