Una alta probabilidad de que pudieran haberse cometido “hechos delictivos”, es lo que encontró el informe de auditoría forense solicitado por el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), a la firma externa KPMG.
De acuerdo con el documento, del que este medio tiene copia, se estaría en presencia de delitos como peculado, enriquecimiento ilícito, de administración en cohecho propio y legitimación de capitales.
“Se describen anomalías que, por su elevado número, su naturaleza y gravedad parecen exceder la simple negligencia o el mero desorden administrativo”, indica el documento.
Agrega que es necesario comprobar el destino real de los dineros desembolsados por el Infocoop en todas las operaciones crediticias.
Esto por cuanto hay “sospechas”, sobre las condiciones en que los préstamos fueron aprobados y otorgados, ante desvíos en los planes de inversión y serios vacíos de información institucional.
El informe incluso da a entender que el Ministerio Público tiene en sus manos potestades, como el levantamiento del secreto bancario y el acceso a información privada, para dar seguimiento a esta auditoría.
NO DESCARTAN GRUPO CRIMINAL
No se descarta por parte de KPMG, la existencia de un grupo criminal organizado y compuesto por exfuncionarios del Infocoop y particulares, que precisamente, en abuso de los cargos se habrían aprovechado de la ausencia de controles adecuados, con lo que pudieron quebrantar el deber de probidad.
Entre las más de 500 páginas del informe; se repiten una y otra vez nombres de personas y cooperativas.
Se citan dos casos puntuales como el de Fenacoot y Coopecostarica, en los que, en apariencia, se aprobaron créditos para familiares en primer grado de consanguineidad, que ocupaban cargos en los consejos de administración.
De igual modo, se detectó un aparente conflicto de intereses, por cuando algunos funcionarios debieron abstenerse de votar una serie de préstamos.
Indica que hay situaciones que, si bien no está tipificadas en los delitos anteriores, pueden caer en “facilitación culposa de sustracciones”, que ocurre cuando un funcionario público por negligencia, hace posible que otra persona sustraiga dinero.
“El informe de KPMG, como se ha apuntado, refiere a una muy elevada cantidad de anomalías e incumplimientos reiterados que, además resultan de significativa gravedad, que parecen exceder el ámbito de un comportamiento imprudente y que, en realidad, constituyen elementos serios y objetivos que, con un alto grado de probabilidad, parecen situar las conductas en el ámbito doloso, sea directo, o incluso, eventual”, señala el documento.
En ese sentido, se estaría en presencia de posibles acciones con persecución penal y que afectaría también los deberes de probidad, por cuanto no se protegió el patrimonio del Infocoop.
El informe señala entre otros a algunos miembros del Comité de Crédito y la junta directiva del Infocoop, al igual que de la Comisión Permanente de Cooperativas de Autogestión (CPCA).
En este caso, se habla de la eventual sustracción de fondos para beneficio propio o de terceras personas. Todo esto recomienda sea investigado por el Ministerio Público.
COOPEQUINTETO Y
COOPECOSTARICA
Aunque se refiere a situaciones aparentemente ocurridas en el año 2008, resulta que para el 2017, se mantenía el uso de las instalaciones por parte de Coopecostarica, de un inmueble que sería propiedad del Infocoop. Se señala el presunto delito de “usurpación de bienes de dominio público”.
Menciona a un hombre de apellido Delgado, que era gerente de Uncoopac, quien desde puestos de poder en el Infocoop y la CPCA, votó créditos a favor de dicha cooperativa y detuvo acciones de cobro contra ella, misma en la que figuraban como miembros su cónyuge y uno de sus hijos.
“No se obtiene evidencia que muestre la legalidad de la ocupación de la cooperativa en un bien que pertenece al instituto, a que si bien, se observa el contrato de uso y ocupación del local gratuito por mera tolerancia, Delgado lo firma en representación de Uncoopac, por lo cual se desconoce la forma en que Coopecostarica llega a ocupar también este local”, indica el documento.
DE LA SITUACIÓN DE COOCAFÉ
Indica que registraba pérdidas superiores a los ¢100 millones antes de la inversión efectuada por el Infocoop, mediante la figura conocida como participación asociativa, en diciembre de 2006.
En los períodos posteriores a dicho aporte, se presenta un aumento en sus excedentes, producto en gran medida por la cancelación de algunos pasivos, que generaban un costo financiero para la cooperativa.
“Si se compara el saldo por ¢790 millones a diciembre 2016, con los excedentes de ese mismo año, se podría estimar que la devolución de la participación de Infocoop tardaría 37 años en recuperarse, en caso de que todos los excedentes de la cooperativa se destinaran a devolverle la inversión al Infocoop, esto sin contar ningún retorno sobre la inversión”, advierte la auditoría.
A pesar de eso, se observa como el Infocoop continuó financiando las operaciones de Coocafé, mediante créditos adicionales.
EL CASO DEL AUDITOR
Otro de los hallazgos que menciona el informe es sobre la situación del auditor interno, Guillermo Calderón. Por un lado, dicen que para nombrarlo se le dio una calificación supuestamente improcedente de 95, superior a la debida de 60 puntos.
“La calificación correcta le habría colocado no solo por debajo de los otros concursantes integrantes de la terna, sino también fuera de la posibilidad de ser considerado como elegible al situarse por debajo de la nota mínima para tal efecto”, indica el reporte.
Agrega que: “Será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para el cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.
El nombramiento se hizo por decisión de la junta directiva el 20 de enero de 2015, previo informe de una comisión calificadora conformada por tres de los directivos.
Si bien, la acción penal se dice estaría prescrita, no impide que se tomen sanciones de tipo administrativo, si llegara a considerarse que se trata de un acto administrativo nulo.
Se mencionan además el otorgamiento de pluses salariales y de viajes, al parecer en uno de ellos no se justificaba la presencia de Calderón, dando a entender que nada iba a ir a hacer el auditor.
OTRA VEZ EL BCR
Nuevamente aparece el Banco de Costa Rica (BCR), en un informe de auditoría, esta vez, relativo a la cancelación de un crédito.
Se supone que el préstamo se pagó antes de que el mismo fuera aprobado por el Infocoop. Nadie entiende cómo fue eso posible.
“Según se desprende de lo observado en el expediente de crédito de Coopeagropal, se evidencia que el Infocoop realizó un pago que tenía CIPA con el BCR, sin previa autorización de parte de la junta directiva y sin evidenciar que los recursos hayan entrado a las cuentas del Infocoop para poder disponer de los mismos”, señala el documento.
El crédito era para la Cooperativa Agroindustrial de Servicio Múltiples de Productores de Palma Aceitera, y unos ¢1.043 millones, era para cancelar un pasivo del CIPA con el BCR.
Estos son solo algunos de los más de 14 casos, que ejemplifica el informe relativo a manejos supuestamente irregulares en cooperativas o entes cooperativos.
Se desconoce si este informe sirvió de base para los allanamientos realizados por el Ministerio Público, a finales de la semana anterior.
Actualmente, el Infocoop se encuentra intervenido y quedará en manos del presidente Carlos Alvarado, decidir si amplia dicho proceso; o permite que los miembros electos por el Consejo Nacional de Cooperativas, ingresen a sus puestos.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
EMAIL: [email protected]
Lunes 04 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA