15 funcionarios de 25 que integraban una oficina denominada la Unidad Ejecutora de del Presupuesto (UEP), la cual supervisa y fiscaliza la ejecución presupuestaria de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fueron separados de sus cargos tras no renovarse sus contratos en dicha dependencia.
Según fuentes cercanas a la institución, la separación de los 15 funcionarios de mandos operativos y administrativos se dio sin comunicar a las partes involucradas. Pese a que días antes del 30 de mayo se manejó la información de que no serían renovados nunca, se les comunicó la decisión y, tras el cierre de mes, ya no formarán parte de la Unidad Ejecutora. No obstante, el préstamo sigue en ejecución y las obras continúan recibiendo la inversión.
SIN CAPACIDAD
Para los entendidos en el tema la capacidad operativa de la unidad se ve disminuida y a esto se le suma que 10 de las 11 plazas que sí continúan son puestos de consultores con salarios que rondan los $9 mil dólares (¢4,9 millones) y no empleados operativos que realizan la función fiscalizadora de la unidad, tal y como indica la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda, según préstamo del BID número 2526/OC-CR.
“La UEP es el órgano encargado de la ejecución y coordinación de las actividades del programa, cuya vigencia será igual a la duración del programa y hasta haber realizado todas las actividades del periodo de cierre conforme a lo dispuesto en el Contrato de Préstamo No.2526 /OC-CR y es un órgano de desconcentración máxima”, indica el informe del Ministerio de Hacienda.
En particular, llama la atención que las separaciones en los puestos se dan a pesar de que la ejecución del préstamo no ha finalizado y para muestra las plazas que continúan en la unidad, de las cuales una se entregó sin tener contenido económico.
SEÑALAMIENTOS
Durante el año anterior, la unidad -que es un órgano descentralizado- presentó un informe presupuestario donde detallaban las operaciones financieras de las inversiones millonarias de los préstamos, en el cual se detectó que la ejecución de los fondos no era del todo buena.
“En los gastos se destaca que el nivel de ejecución llevado a cabo por la entidad no ha sido satisfactorio, obteniendo un promedio del 27,5% durante el periodo 2013-2016, situación que puede generar impacto negativo, dentro de los objetivos del Programa, en incrementar la DE-682-2016 UEP: Presupuesto Ordinario 2017 eficiencia y eficacia de la fuerza policial, reducir la incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo y reducir la tasa de reincidencia de la población en conflicto con la ley penal”, detalla el informe de la Unidad Ejecutora que se vio debilitada tras los despidos.
AUTORIDADES
Las nuevas autoridades del Ministerio de Justicia se refirieron a las separaciones de los funcionarios, señalaron que la Unidad Ejecutora del Préstamo ya había analizado y supervisado $122 de $132 millones de dólares del préstamo BID, lo que equivale al 92% del presupuesto y cuyas obras ya están a poco de ser finalizadas, por lo que ahora se trabaja en los últimos proyectos.
Asimismo, debe tomarse en cuenta que eran puestos de servicios especiales, con nombramiento a plazo fijo, que vencían este 31 de mayo. “Lo que se presentó fueron ceses de nombramientos a plazo fijo que expiran. Mientras que 11 de las 25 plazas se prorrogan para efectos del cierre del programa, que como indicamos antes, está en su etapa final, terminando los pendientes”, manifestaron los nuevos jerarcas del Ministerio de Justicia por medio del departamento de prensa.
Lo que no queda claro es por qué la institución se deja vacantes de consultores cuyos salarios son los más caros de la Unidad y por qué se realizaron los despidos sin comunicar a las partes previamente que el acuerdo laboral no iba a ser extendido luego del 30 de mayo.
REGULACIONES
La Unidad Ejecutora
Programa
-Fortalecimiento de capacidad institucional del MSP y MJP (¢5.644,0 millones).
-Prevención social focalizada en niños y jóvenes en riesgo en áreas críticas (¢8.743,5 millones).
-Reinserción social para personas en conflicto con la ley penal (¢23.384,1 millones).
-Coordinación y Administración del Programa (UEP) por ¢501,1 millones.
-Sistema de Monitoreo y Evaluación (¢28,0 millones).
-Auditoría (¢14 millones).
PERIODISTA: Gustavo Retana
EMAIL: [email protected]
Sábado 02 Junio, 2018
HORA: 12:00 AM
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