Estrategia financiera ante desastres naturales
Juan Carlos Quirós Solano*
En días recientes el Ministerio de Hacienda comunicó que el Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 20.747 denominado Aprobación del Contrato de Préstamo N°4433/Oc-Cr para el Programa de Emergencia en respuesta a la Tormenta Tropical Nate. Este instrumento de crédito por USD 20 millones, se pretende suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con esta iniciativa la actual Administración pretende recuperar parcialmente recursos del Fondo Nacional de Emergencias (FNE) que han sido destinados por el Gobierno para atender la fase de rehabilitación de sistemas de agua y carreteras de la red vial nacional afectadas por el paso de la Tormenta. Según estimaciones de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) las pérdidas podrían alcanzar USD 365 millones. Es decir, la operación de endeudamiento que se desea contratar corresponde aproximadamente el 5,5% de monto total de las pérdidas.
Vale indicar que la única operación reciente de apoyo contemplada en el presupuesto del Gobierno de Costa Rica para atender eventos de emergencia fue la denominada Opción de Desembolso Diferido ante el Riesgo de Catástrofes del Banco Mundial (CAT DDO por sus siglas en inglés) por USD 65 millones, y como consta en la página electrónica de dicho Multilateral el último desembolso se realizó a mediados del año previo. Por tanto, la CNE no dispone de fuentes externas contingentes de financiamiento que complementen el Fondo de Emergencias.
No obstante, según la CNE, Costa Rica está en un territorio de constante amenaza donde los factores de origen climático y los pronósticos de pérdidas económicas y sociales difundidos por diversos estudios, indican que, de continuar por la senda de acumulación creciente de riesgos, implicarán pérdidas que superarán la capacidad nacional. En particular, la Política Nacional Gestión del Riesgo 2016-2030 elaborada por la CNE contempla para el 2030 que las pérdidas ascenderían a más de 7 mil millones de dólares (constantes del 2006).
Por lo tanto, “no hay chocolate sin cacao”, la CNE requiere de una gestión financiera integral que le permita procurar recursos de distintas fuentes para cubrir las capas de riesgo a las que se encuentra expuesto el país. Lo anterior, se hace evidente si se consideran los resultados del Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgo de Desastres (iGOPP) elaborado por el BID, donde señala que “aun cuando el país ha implementado varios instrumentos para gestionar desde el punto de vista financiero la ocurrencia de desastres, éstos deben ser fortalecidos y gestionados de forma integral, mediante el diseño e implementación de una estrategia financiera del riesgo de desastres”.
La evidencia internacional es testigo de la relevancia que se la dado en Latinoamérica y el Caribe a la forma en que los Ministerios de Hacienda enfrentan los costos que implican los desastres naturales de magnitud severa y catastrófica. Tanto el BID como el Banco Mundial han apoyado a distintos gobiernos, a desarrollar o avanzar en estrategias de gestión financiera que contribuyan a mejorar la planificación financiera del gasto público frente a desastres naturales dentro de las posibilidades institucionales y fiscales de cada país. Actualmente, países como República Dominicana, Colombia y Perú, entre otros, ha formalizado sus estrategias financieras.
Así las cosas, una eventual estrategia financiera debe contener: primero, el entendimiento y reconocimiento de los riesgos fiscales producto de la ocurrencia de desastres naturales, segundo, la definición de la gestión financiera para gastos extraordinarios durante emergencias. Es decir, utilizar instrumentos como fondos de presupuestables para atender emergencias menos severas y frecuentes, en tanto que la facilidad de créditos contingentes con condiciones financieras más blandas para la reconstrucción de infraestructura, y la facilidad de seguros y bonos catastróficos que permiten transferir riesgos a terceros, para situaciones más severas y menos probables de suceder. Tercero, el aseguramiento de los riesgos catastróficos a los activos públicos, una tarea titánica pero necesaria.
Por lo tanto, dada la vulnerabilidad fiscal que enfrenta Costa Rica se hace necesario que el Ministerio de Hacienda formalice y transparente una estrategia integral de gestión financiera que contribuya a la estabilidad y sostenibilidad fiscal del país, tal como dictan las buenas prácticas internacionales, y así evitar, esfuerzos aislados, como la operación de crédito que en próximas semanas estará en discusión en el Congreso.
*Economista y profesor universitario
