La pesca del camarón
Luis París Chaverri*
Hace cuatro años, la Sala Constitucional prohibió el uso de la red de arrastre para la captura del recurso pesquero del camarón por parte de la flota semiindustrial y ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) no otorgar nuevas licencias de ese tipo, ni renovar las existentes.
El criterio de los señores magistrados se fundamentó en estudios científicos que prueban que es mayor la cantidad de fauna de acompañamiento que se desperdicia que la cantidad de camarón que se aprovecha y que el producto que se descarta incluye valiosas poblaciones de peces a las que se les impide su crecimiento y reproducción.
Atendiendo las razones de las organizaciones ambientalistas y de los representantes de los pescadores artesanales, los altos jueces concluyeron que esa técnica de pesca provoca serios daños a los ecosistemas marinos de fondo o bentónicos, y afecta considerablemente las posibilidades de pesca de los hombres y mujeres que realizan esta labor a pequeña escala, por lo que atenta contra el principio de un “desarrollo sostenible democrático”.
Por su parte, los afectados han presionado por una solución alegando que la prohibición es una medida extrema que afecta a miles de personas y que es posible establecer regulaciones y utilizar técnicas que minimicen el daño ambiental y garanticen la sostenibilidad del recurso.
Para buscar una solución a la problemática planteada, el Gobierno de la República y el Incopesca establecieron una “mesa de diálogo para el aprovechamiento sostenible del camarón”, que fundamentalmente debía analizar y plantear nuevas técnicas para la captura de ese recurso que tuvieran un amplio fundamento científico y técnico, proceso que fue cuestionado por los representantes ambientalistas y los pescadores artesanales, quienes, argumentando que tal requisito no se cumplió, abandonaron las negociaciones.
Estos últimos grupos han denunciado que la Junta Directiva del Incopesca aprobó el pasado 10 de noviembre un acuerdo que permitiría el otorgamiento y la renovación de las licencias para los barcos camaroneros, sin subsanar adecuadamente las violaciones constitucionales señaladas.
Lamentablemente, es usual que las discusiones entre los diversos grupos de interés sobre el tema pesquero se tornen bizantinas y deriven en un diálogo de sordos o en una desagradable disputa, con recíprocas descalificaciones y ofensas, lo que dificulta conciliar criterios y alcanzar acuerdos.
Esa actitud intransigente está presente en la discusión sobre la pesca de arrastre, donde las posiciones asumidas parecen irreconciliables, haciendo difícil consensuar medidas que mitiguen el daño ambiental y garanticen la sostenibilidad del recurso.
En la pesca del camarón, por ejemplo, existen varias especies objetivo, por lo que la flota camaronera faena en diferentes zonas o áreas marinas, siendo que la captura incidental y el daño ambiental no es igual en cada caso, ni tampoco la afectación que ocasiona a la pesca artesanal, aspecto que sería oportuno valorar a la hora de tomar decisiones, ya que de persistir la prohibición se podría desaprovechar la explotación de algunas de esas especies, con el consecuente perjuicio económico y social para el país.
También es conveniente que el cumplimiento de las medidas de regulación que se adopten sea fácilmente verificable, que se garantice su control y que el régimen sancionatorio, en caso de inobservancia, sea drástico.
Por otro lado, una relación respetuosa, tolerante y armoniosa entre los diferentes actores del sector pesquero, en el que prevalezca, sobre las actitudes inflexibles e intransigentes, un talante más comprensivo, les permitiría adoptar decisiones satisfactorias para todos y actuar de consuno en resguardo de los mejores intereses del sector pesquero y del país.
Por la importancia que tiene la pesca como fuente de alimento y riqueza para el país y por su vital aporte a las deprimidas economías de las comunidades costeras, es necesario que la convivencia de todos los gremios y sectores sea respetuosa y armónica, que todos caminen juntos hacia el objetivo de lograr el equilibrio entre la protección de los recursos y el fomento de la actividad.
Todos deben ser conscientes de que “el derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos vivos”, como lo dispone el Código de Conducta para la Pesca Responsable, aprobado en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), instrumento que Costa Rica está comprometida a acatar.
*Expresidente ejecutivo
del Incopesca
