Luego de la manifestación de este jueves en que grupos pro Derechos Humanos integrantes de la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (Rednam) Costa Rica se presentaron a la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial para protestar contra la Ley de Migración y la multa de $100 que pretenden cobrar a los migrantes por cada mes de estadía irregular, pareciera que las cosas podrían cambiar de modo positivo para los extranjeros que permanezcan irregularmente en el país, al menos por un tiempo.
Según confirmó Gisela Yockchen, directora de Migración y Extranjería, a El Periódico de Más Venta en Costa Rica, de no pasar en segundo debate el proyecto que pretende la multa, de inmediato se aprobaría una prórroga de 6 meses a un año vía decreto, para que todos los extranjeros puedan regularizar su situación.
“Esperamos que el proyecto de ley pase en segundo debate la semana próxima. De no ser así, ya existe una propuesta de prórroga que fue examinada por la dirección legal de Migración, del Ministerio de Gobernación, y tiene el Presidente de la República, para que, en caso de ser necesario, sea aprobada vía decreto”, sostuvo Yockchen.
La multa de $100 se le aplicaría a quienes tengan vencida la visa, cédula o permiso laboral. La multa entraría a regir este próximo 20 de abril de forma retroactiva al 2010, cuando se firmó la actual Ley de Migración de Costa Rica 8764.
Por ejemplo, para que una persona migrante nicaragüense pueda regularizarse debe invertir unos 1,050 dólares aproximadamente. Si se suman los $100 de multa, cuando en nuestro país una trabajadora doméstica gana 187 mil colones ($330 aproximadamente), y los empleados del sector agrícola y de la construcción ganan menos del mínimo.
Enrique Gomáriz, de la Fundación Género y Sociedad y vocero de la Rednam Costa Rica, manifestó que existe anuencia por parte de las autoridades a la solicitud de revisar el artículo 33 de la ley y el período de sanción para lo cual se reunieron con Carmen Muñoz, viceministra de Gobernación y presidenta del Consejo Nacional de Migración. Además, coincidieron con el Ministerio de la Presidencia tras la marcha.
Se pretende permitir a los trabajadores inmigrantes regularizarse sin pagar altos costos y sin complicada tramitología.
Por lo anterior, piden que se retome el Reglamento de Transitorios o Tiempos de Oportunidad, que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) impulsó entre 2012 y 2015, y que permitió la regulación ordenada de sectores como las empleadas domésticas, trabajadores de construcción y agricultura.
Por ahora, habrá que esperar. Sin embargo, las multas existen para los extranjeros irregulares, pero la DGME no para los patronos que infringen la ley desde 2010, y que no han regularizado sus empresas ni a sus trabajadores. Para muestra, un botón: el ministro de Agricultura, Luis Felipe Arauz, ha pateado la bola con decretos ejecutivos para extender los tiempos en que las empresas puedan regularizarse, lo que no ha ocurrido.
Artículo 33, inciso 3 de la Ley de Migración
“…La persona extranjera tendrá la obligación de egresar del país cuando venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha autoridad migratoria. Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular…”.
La multa o sanción de tiempo abarca a las personas extranjeras que posean una categoría migratoria de residencia temporal y categoría especial, y que, en el momento de salir del país, tengan vencido su Documento de Identidad Migratorio para Extranjeros (Dimex).
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Sábado 14 Abril, 2018
HORA: 12:00 AM
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