Los sindicatos pegaron el brinco al conocer la moción que se aprobó en el Congreso para aplicar un impuesto del 15% a las prestaciones por cesantía que excedan el tope de los 8 años.
La propuesta la presentó Ottón Solís, diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), en la comisión especial que analiza la reforma fiscal. El legislador también es una persona muy cercana al presidente electo, Carlos Alvarado.
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), no dudó en decir que en el Congreso aprueban mociones drásticas e injustas, completamente irresponsables para las cesantías y las anualidades, así como afectar a las asociaciones solidaristas.
“Desde un principio hemos dicho que ese proyecto debe ser retirado de la Asamblea Legislativa, hemos dicho que la clase trabajadora no es responsable del déficit fiscal. No se pueden discutir reformas al empleo público en el marco de una discusión fiscal”, sentenció.
“Los llamamos a alistarse, a prepararse, advertimos a nuestras bases laborales que tenemos que salir a las calles en las próximas fechas y esperamos que sea en unidad sindical”, añadió.
La misma advertencia hizo Hernán Campos, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud).
“No nos vamos a quedar callados, vamos a actuar. Vienen movilizaciones fuertes para poder contrarrestar estas iniciativas que muchos daños nos van a hacer”, aseguró.
EVASIÓN FISCAL
En la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (Undeca) consideran que no es imponiendo topes al salario y anualidades, creando más impuestos o eliminando derechos como solucionarán el déficit fiscal que generaron los políticos.
“La verdadera solución es que los diputados aprueben leyes que terminen de una vez por todas con la evasión, la elusión y el fraude de grandes empresarios y políticos, que supera por mucho el déficit fiscal”, aseguran en ese gremio.
El Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE) llama a los trabajadores a estar alerta al llamado que hará, en el corto plazo, porque el proyecto de ley busca pasarles a los empleados públicos las consecuencias del déficit fiscal, provocado por la evasión y la elusión.
El Poder Judicial también mostró su malestar, específicamente la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC).
“Cuando las cuestiones se negocian con los patronos, se deben respetar. Ya son derechos adquiridos que se consolidaron y lo que mortifica es que siguen apuntando a imponer sobrecargas a los empleados en general. No se ve una solución fuerte y verdadera contra la evasión fiscal, todo es contra la gente”, subrayó Álvaro Rodríguez, presidente de esa organización.
CASTIGO
INJUSTO
Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), cree que es injusto castigar a los trabajadores con el impuesto porque en su vida productiva pagó tributos directos e indirectos durante casi 40 años.
“Es inadmisible que una persona luego de finalizar su vida laboral de manera honesta, transparente, honrada y comprometida debe contribuir otra vez con el fisco cuando ya lo hizo, lo cual consideramos totalmente injusto”, denunció.
Al igual que la CTRN, el secretario general de Sitrajud concuerda en que es injusto cargar sobre los hombros de la clase trabajadora la responsabilidad de una situación que no generó, sino que se dio a través de los años con la evasión fiscal de grandes empresarios.
Aunado a ello, Campos dijo que era una medida que veían venir porque los candidatos presidenciales se lo anunciaron.
“De acuerdo con información de Hacienda, la evasión fiscal ronda el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) y creemos que la medida que solucionaría el déficit fiscal es aquella que garantice el cobro de los impuestos al gran capital del país”, advirtió.
OTTÓN ES
FUENTE DE CONFLICTO
ANEP asegura que los legisladores están provocando y califica el proyecto de Fortalecimiento de Finanzas Públicas como un paquete fiscal al que se le fue la mano contra los trabajadores, pues promueve la desigualdad y facilita la concentración de la riqueza.
“Lo peor que puede hacer Carlos Alvarado es llevarse a Ottón como ministro de la Presidencia o de Hacienda porque es una fuente de conflicto permanente con la clase trabajadora del país”, afirmó el líder sindical.
En el Poder Judicial señalan no solo a Solís, sino también a todos los diputados que para ellos se confabularon en contra de la clase trabajadora.
“No es solo Ottón, hay una corriente legislativa que desde hace mucho tiempo se viene conformando y ahora, en este momento de transición, parece que se confabularon todas las fuerzas. Esperamos que la nueva Asamblea Legislativa por lo menos se siente a escucharnos y podamos procurar alternativas de solución que resuelvan el déficit”, añadió Campos.
PERIODISTA: Sergio Jiménez
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Miércoles 04 Abril, 2018
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