La situación de hacinamiento en el sistema penitenciario constituiría una debilidad en la función pública del Ministerio de Justicia y Paz, debido a que las acciones emprendidas no son suficientes para disminuir la problemática, pese a muchas sentencias existentes, no solo a nivel judicial sino también internacional.
Según Róger Víquez, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la Defensoría de los Habitantes, Justicia tiene un desempeño negativo en los últimos años debido a que no desarrolla suficientes espacios en centros penales.
“El crecimiento de la estructura penitenciaria no es proporcional al crecimiento de la población privada de libertad, si bien es cierto no es la solución (crear cárceles), se deben aplicar medidas para combatir la densidad en la población carcelaria, es por ello que consideramos que ha habido una mala gestión de justicia en construcción”, externó Víquez.
Durante este jueves, la Sala Constitucional ejecutó una vista debido a que un privado de libertad interpuso un recurso de hábeas corpus contra la Dirección General de Adaptación Social y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a que estuvo seis días en una celda de la Policía Judicial en el I Circuito de San José, aunque ya estaba condenado, por lo que debía haber sido enviado a una prisión.
El recurrente es un joven de apellido Godínez, quien denunció malos tratos durante su estadía en las hacinadas celdas del OIJ.
Wálter Espinoza, director de la Policía Judicial, calificó de irresponsable la lentitud con la que el Ministerio de Justicia gestiona el traslado de detenidos hacia centros penales.
“Nosotros, como Policía Judicial, estamos facultados y diseñados para investigar delitos, no para administrar un centro penitenciario. Tenemos celdas que sirven de tránsito para quienes han sido capturados por algún delito y que, al recibir una sentencia o resolución, deben ser enviados a una cárcel, pero hemos visto que personas pasan una, dos y hasta tres semanas encerradas en un lugar que evidentemente no cumple con las condiciones mínimas para que alguien esté ahí”, comentó el jerarca.
Según resoluciones de la Sala Constitucional, una persona detenida en celdas del OIJ no puede estar alojada allí más de cinco días, no obstante, en la actualidad hay aproximadamente 50 hombres encerrados a quienes no se ha podido ingresar a un Centro de Atención Institucional.
En su defensa, el ministro de Justicia Marco Feoli dijo que la falta de una ley de ejecución de la pena mantiene a su cartera atada de pies y manos, pues los criterios usados por jueces tienen actualmente cerradas el 90% de las prisiones del territorio nacional, por eso no pueden estar metiendo gente a las prisiones.
Incluso, para Feoli es prioridad que se apruebe dicha legislación para evitar más hacinamiento, aunque no ve tan primordial la construcción de más cárceles.
Los magistrados de la Sala IV criticaron y cuestionaron al ministro porque, después del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Poder Ejecutivo no ha buscado más alternativas de financiamiento para ampliar los espacios para privados de libertad.
En la audiencia, también participaron jerarcas de la Defensa Pública, quienes igualmente criticaron la inacción de Justicia y Paz.
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CRÉDITOS: Fotos: Johanfred Bonilla
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Viernes 16 Marzo, 2018
HORA: 12:00 AM
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