Reflexiones a propósito del presidencialismo judicial

DIÁLOGOS SOBRE JUSTICIA / Rolando Vega Robert

Algunas noticias de los últimos días relacionadas con integrantes de la Corte Suprema de Justicia me han hecho pensar irremediablemente en aquellos tiempos pasados de hace 35 o 40 años.

Tuve la gran dicha de empezar a laborar para el Poder Judicial siendo muy joven, a inicios de la década de 1980. Ello me permitió conocer muy de cerca y trabajar directamente con presidentes de la Corte como don Ulises Odio Santos, don Fernando Coto Albán, don Miguel Blanco Quirós, don Édgar Cervantes Villalta, don Luis Paulino Mora Mora, doña Zarela Villanueva Monge y finalmente con don Carlos Chinchilla Sandí, con quien compartí la magistratura pero no su presidencia.

Como secretario de la Sala Segunda de la Corte, director del despacho de la Presidencia y magistrado durante casi 14 años pude relacionarme de distintas maneras y de forma muy directa con estos 7 presidentes de la Corte Suprema de Justicia. Fueron muchas las experiencias acumuladas, vivencias y aprendizajes a lo largo de casi 40 años. Algunas muy positivas y otras no tanto.

Entre los múltiples factores multicausales de la actual crisis judicial, me parece interesante y muy oportuno hacer un ejercicio comparativo de algunos aspectos diferenciadores en cada gestión. Por ejemplo, la personalidad, el señorío, el respeto de los pares y de los representantes de los otros poderes, el reconocimiento y la credibilidad externa. Estas características han venido degradándose poco a poco con el correr del tiempo.

Recuerdo claramente cada año cuando se discutía el tema presupuestario y se le pedían recortes económicos al Poder Judicial. También algunos otros temas no jurisdiccionales que motivaban peticiones de reuniones en la presidencia de la Corte. En tiempos de don Ulises, don Fernando, don Miguel y don Édgar, la regla invariable era que los ministros y hasta el propio presidente de la República solicitaran audiencia para ser atendidos por el presidente de la Corte en su oficina.

Existía en aquellas épocas un gran recelo por parte de los presidentes en cuanto a la forma de relacionarse con los demás poderes del Estado y sus representantes. Bien o mal entendido, el principio de la independencia judicial era visto de forma muy rigurosa y en esa misma dirección las relaciones entre poderes.

Pero con el correr de los años el tipo de interacción con los representantes de los otros poderes del Estado fue cambiando de forma radical. Resultaban cada vez más comunes las reuniones en Casa Presidencial, en los ministerios o en la propia Asamblea Legislativa. En ese aspecto considero que ha habido un claro retroceso.

Otro elemento diferenciador entre los tiempos de antaño y los de la última década tiene que ver con el rol del presidente de la Corte en el Poder Judicial. Hace dos o tres décadas este se dedicaba casi al 100% a sus funciones de juzgador en su respectiva sala y algunas funciones administrativas. Eran momentos en que la institución tenía 1.500 o 2.000 servidores judiciales frente a los casi 14 mil de hoy día. Funcionaba una Secretaría de la Corte y un Consejo Administrativo que tenían mucha injerencia en las decisiones institucionales y asumían casi la totalidad de estas.

Hoy día y desde hace poco más de 10 años los presidentes de la Corte no ejercen la función jurisdiccional en sus respectivas salas. Se han dedicado de lleno a ser una especie de “gerentes generales” sin estar preparados para ello por ser abogados de profesión y no poseer conocimientos o experiencia en el campo de la administración. Aquí es donde muchas veces nos hemos topado a lo largo del tiempo, más con las ocurrencias personalizadas que con una verdadera planificación institucional.

Los liderazgos de cada presidente han sido además muy variables en el tiempo en cuanto a capacidades y visión. Algunos con personalidades muy fuertes y de gran proyección, y otros, por el contrario, con perfiles mucho más bajos. Pero lo grave del caso, desde mi punto de vista, es que en ese esquema de presidencialismo puro se ha notado históricamente una grave ausencia de planes de gobierno concretos, priorizados y medibles por resultados e impactos positivos en el corto plazo.

Los planes estratégicos institucionales que se pusieron de moda hace 15 años han existido en el papel y no han sido evaluados en el cumplimiento de sus objetivos misionales. Los presidentes de la Corte terminan por elaborar su propia agenda personal y en ocasiones pasando por encima de los verdaderos intereses institucionales. Y lo peor de todo es que algunas veces han concentrado esfuerzos en aspectos monotemáticos y de bajo impacto en la búsqueda de soluciones a los graves problemas judiciales.

Por último, creemos que otro grave error histórico del presidencialismo judicial ha sido apostar a periodos de 4 años con reelecciones casi indefinidas de los distintos presidentes. Soy partidario de instaurar periodos de dos años en las presidencias de la Corte y en las de las salas. Debería existir una única reelección para aquellos presidentes que luego de su período bianual logren demostrar que han cumplido a cabalidad con las metas institucionales preestablecidas por el órgano de gobierno judicial y por las propias salas de la Corte.

No tengo dudas de que debe cambiarse la cultura judicial del conformismo y el sedentarismo por la de una evaluación permanente y de corto plazo en el cumplimiento de las metas y objetivos misionales. Sirvan estas breves reflexiones para promover debate en el proceso de reforma que se está llevando a cabo.

Como siempre, muchas gracias por ser parte de estos “Diálogos sobre justicia”.

Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Socio fundador de Decálogo Abogados*

PERIODISTA: Redacción Diario Extra

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Lunes 26 Febrero, 2018

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Rolando Vega Robert /[email protected] / Facebook: dialogossobre justicia