Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, respondió a las diputadas Sandra Piszk y Marcela Guerrero, que cuestionan la supuesta lentitud de este alto tribunal para dar una respuesta a la consulta que hizo el Congreso sobre la reforma del régimen de pensiones del Poder Judicial.
Sobre los argumentos de la liberacionista, que el plazo de un mes que da la ley para responder ya venció (la consulta se envió el 1 de noviembre), Cruz explicó que si bien la ley establece ese tiempo, este comienza a regir cuando el tribunal esté constituido, lo que aún no ocurre.
“El mes para resolver la consulta se cuenta una vez el tribunal está constituido, eso aún no ha sucedido, y eso escapa a nuestro control”, indicó.
La razón consiste en las constantes inhibiciones sobre el tema, tanto de los magistrados propietarios como de los suplentes. Esto ocurre porque todos son beneficiarios del régimen que deben definir si es constitucional.
Además le recordó a la legisladora que ellos no pueden apurar o intervenir sobre el expediente porque ya se recusaron para conocerlo. Cualquier intervención les podría acarrear una falta disciplinaria.
“No podemos tomar un papel activo de un expediente donde nos hemos excluido”, recalcó.
NO HAY ESTRATEGIA
Cruz insistió en que no existe ninguna estrategia, como lo menciona la diputada oficialista Guerrero de querer retrasar voluntariamente la resolución de la consulta.
“Quiero preguntarle a la diputada Guerrero de dónde toma ella el argumento para decir que hay una estrategia para no conocer el tema, más bien la invito que si ella tiene algún elemento que determine eso, que haga las denuncias correspondientes, pero que no nos atribuya una maniobra de prolongación sin ningún sustento porque no hemos hecho nada para que se prolongue. Es algo inevitable debido a las circunstancias”, enfatizó.
LLAMADO
Guerrero envió un comunicado de prensa donde volvió a lamentar lo que considera es un atraso en la resolución.
“Como diputada de la República hago un llamado al Poder Judicial para que no se valga de circunstancias humanas para obstaculizar el accionar de la institucionalidad, de lo contrario su imagen seguirá en decadencia, como lo ha señalado el Estado de la Justicia (publicado por el Estado de la Nación). Mientras no respondan la consulta, los magistrados están violentando los principios de justicia pronta y cumplida, del debido proceso y del interés público”, sentenció.
En setiembre de 2017 Guerrero presentó una iniciativa para reformar los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El proyecto propone que cuando exista causal de impedimento, excusa o recusación que cubra tanto a propietarios como a suplentes, y en el caso específico de magistrados constitucionales, el caso lo conozcan jueces seleccionados por Corte Plena mediante sorteo documentado para que integren la Sala IV, a partir de una reserva de suplentes que no trabajen ordinariamente para el Poder Judicial; es decir, que no los una el mínimo vínculo laboral.
“Mientras tanto, el Poder Judicial está obligado a encontrar una solución y responder cuanto antes la consulta enviada”, concluyó la congresista.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 26 Febrero, 2018
HORA: 12:00 AM
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