El directivo del Banco de Costa Rica (BCR), Luis Diego Vargas, le tiene el perro amarrado a esa entidad bancaria desde hace 12 años.
El BCR alertó a la Presidencia de la República que poco después del nombramiento de Vargas, el banco debía brindarle una tarjeta de débito para depositarle el pago de las dietas. No obstante, cuando se ingresaron los datos de Vargas al sistema apareció que tenía deudas con la entidad, las cuales no pudieron ser cobradas mediante las vías legales.
DIARIO EXTRA intentó conversar con Vargas, pero no fue posible localizarlo.
El artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional indica que no podrán ser miembros de la Junta Directiva de un banco las personas que durante “el año anterior a su nombramiento hayan sido demandadas en la vía ejecutiva por cualquiera de los bancos del Sistema Bancario Nacional, en cobro de créditos propios no satisfechos, o que hayan sido declaradas en estado de quiebra o insolvencia”.
La Auditoría del BCR envió, desde hace poco más de un mes, un reporte a Casa Presidencial. Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, confirmó que el caso está en estudio y añadió que están a la espera de “más documentos” para determinar si el caso es enviado al Consejo de Gobierno para que sea analizado.
Este no es el único perro amarrado que Vargas tiene con una institución pública, en octubre, cuando fue nombrado por Alfaro, trascendió que le adeuda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢10 millones, los cuales están en cobro judicial. En esa ocasión el funcionario dijo a DIARIO EXTRA que buscaría la manera de saldar la deuda, la cual sostuvo que desconocía.
Este no es el único miembro de la Junta Directiva del BCR que ha sido cuestionado, el 19 de octubre El Periódico de Más Venta en Costa Rica dio a conocer que la Administración Solís Rivera, que presume de transparencia y afirma buscar a las personas más idóneas para ocupar cargos dentro del Banco de Costa Rica (BCR), tiene a otra funcionaria con procedimiento administrativo pendiente por un presunto caso de corrupción.
Se trata de Maryleana Méndez, exdirectiva de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), contra quien en 2014 la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ordenó abrir un procedimiento que aún está en trámite.
Los hechos se remontan a 2010, cuando la Junta Directiva de la Sutel adquirió siete vehículos basándose en que, como la institución era nueva, requería de herramientas básicas y necesarias para cumplir sus funciones.
Méndez y otros tres directivos investigados solicitaron que dichos carros fueran asignados bajo la modalidad de uso discrecional, el cual es permitido siempre que fuera ligado directamente con el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios.
Sin embargo, la auditoría interna de Aresep determinó que se pudo haber presentado un uso inadecuado de estos bienes del Estado, conllevando a que se ordenara una investigación.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Jueves 14 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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