La Sala Constitucional confirmó que el canciller Manuel González violó el derecho a la salud de la embajadora Isabel Montero cuando intentó moverla de su puesto y obligarla a volver a Costa Rica desde Suiza, mientras estaba incapacitada tras una operación al sufrir cáncer.
El 1 de diciembre en su resolución 201701981 los magistrados de la Sala IV no solo confirmaron la violación del derecho a la salud de Montero, sino que también obligaron al Ministerio de Relaciones Exteriores al pago de las costas, perjuicios y daños causados por la actitud perversa y soberbia del Ministro.
El único afán para mover a la embajadora Montero era favorecer a los amigos y familiares de los funcionarios del gobierno, pues el Canciller y el presidente Luis Guillermo Solís nombraron en lugar de Montero a Rubén Salas, cuñado de Jorge Rodríguez, viceministro de Relaciones Exteriores (ver nota abajo).
Los jueces consideraron insuficientes las razones dadas por González y sus asesores para intentar que Montero regresara al país. El Ministro la quería de vuelta en Costa Rica, a pesar de su incapacidad y de un dictamen médico que estipula que no puede hacer un viaje transatlántico en medio de su recuperación.
“Vamos ahora hacia la ejecución de la sentencia. Los familiares de doña Isabel y sus abogados estaremos muy al tanto de que Manuel González y la Cancillería respeten esta sentencia para que no haya más afectación. Si percibimos una desobediencia, inmediatamente acudiremos a las vías penales contra el funcionario que sea”, sentenció Manrique Jiménez, abogado de Montero.
La Sala solo le dio la razón a González para que nombrara a otra persona en el puesto de embajador y descartó que haya incurrido en alguna violación al derecho al trabajo de Montero, así como al debido proceso.
AMIGOS Y FAMILIARES
BIEN MONTADOS
A cinco meses para que termine este gobierno, el canciller González y el presidente Solís hacen lo que sea con tal de dejar bien montados a sus amigos en importantes puestos en el exterior, aunque ello signifique el atropello a la dignidad de una mujer recién operada de un cáncer.
El 14 de septiembre DIARIO EXTRA dio a conocer que el Ejecutivo decidió remover de su cargo a la embajadora costarricense en Suiza, Isabel Montero, para nombrar en ese puesto a Rubén Salas Pereira, cuñado de Jorge Gutiérrez, viceministro administrativo de la Cancillería.
Aquí el tema sensible de fondo es que el cambio intentaron hacerlo en momentos que Montero estaba en medio de una incapacidad médica, pues se hallaba en recuperación de una reciente operación por un cáncer.
González insistió en que Salas Pereira fue nombrado en el cargo por méritos propios, a pesar de que fuentes internas de la Cancillería comentaron a DIARIO EXTRA que el nuevo embajador reprobó los exámenes del concurso para este puesto, pero que tras una apelación los aprobó.
Antes de este fallo de la Sala IV, González presentía que cometió un error. El 1 de noviembre el gobierno sucumbió ante la presión de muchos sectores y anunció que posponía la rotación de Montero para que pudiera recuperarse en Suiza, pero decidió bajarle el piso y acreditarla como ministra consejera en ese país, a pesar de ser una embajadora de carrera diplomática.
Para la designación de Salas Pereira el gobierno tuvo que “llorarle” a su similar de Suiza. Antes de que un embajador asuma sus funciones, el país anfitrión debe extender una aprobación al gobierno que propone al funcionario, eso se conoce como beneplácito.
En el mundo diplomático si ese beneplácito o aprobación del país donde va el funcionario tarda más de tres meses, automáticamente se entiende que esa persona no es aceptada y debe enviarse otra.
El beneplácito de Salas Pereira se solicitó desde enero y no fue hasta junio cuando se otorgó, según se rumora en los pasillos de la Casa Amarilla, tras una insistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
TERCERA CONDENA
A pesar de ser abogado, tener conocimientos en derecho y ser miembro de una famosa firma de abogados, el canciller González ha sido condenado tres veces por la Sala IV en el ejercicio de la función pública.
El 10 de noviembre lo condenó por no entregar a tiempo, ni completa, la información que la diputada liberacionista Sandra Piszk le solicitó acerca de los nombramientos que ha hecho en el servicio exterior.
Previo a esto, en 2005, cuando se desempeñaba como ministro de Comercio, también lo condenó por violar el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad de los documentos privados de su entonces asistente personal Irene Arguedas.
Despidió a la funcionaria y le impidió hacer un respaldo de los documentos y correos electrónicos almacenados en la computadora asignada a su cargo, así como borrar la información y correos electrónicos personales.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Miércoles 06 Diciembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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