El Instituto Nacional de Seguros (INS) alerta a los diputados del eventual conflicto de intereses que se puede presentar en caso de que los bancos públicos abran aseguradoras para vender sus propias pólizas.
Así se deriva de una nota enviada a la Comisión de Asuntos Económicos, donde se discute un proyecto de ley impulsado por el Banco Popular y el diputado Víctor Morales Zapata.
Como es sabido, los bancos colocan seguros cuando otorgan un crédito, ya sea de vida, incendio, desempleo, entre otros. Con base en esta iniciativa, se desconoce si podrían poner a responder sus propias pólizas.
Lo anterior no solo implica un tema de traslado de riesgos, sino de uso del patrimonio, a criterio del presidente del INS, Elián Villegas, porque se debe hacer frente al pago de reclamos y siniestros.
Tampoco está claro qué pasa si un banco quisiera amarrar sus créditos a sus propias pólizas.
Adicionalmente, se menciona en la nota que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) debe poner atención a que este tipo de proyecto no riña con la normativa.
“Existe una alta probabilidad de encontrar negocios en los que pueda existir un conflicto de intereses y donde no es administrable dicho conflicto si ambas entidades tienen una misma administración”, indica Villegas en la misiva.
CAMBIO DE SENTIDO
La iniciativa plantea que el Banco Popular pueda crear su propia aseguradora, incluso con cooperativas, y se abriría la misma posibilidad a los otros bancos públicos, es decir, el Nacional y el Banco de Costa Rica.
En este sentido, dejaría por fuera al INS, y por eso se requiere un cambio en la ley, pues la norma hoy menciona que la aseguradora estatal debe tener al menos la mitad de la participación en un negocio de este tipo.
Villegas indicó que ya solo este punto de incorporar a otros dos bancos se traería abajo la reforma, debido al principio de conexidad, es decir, de incorporar aspectos que originalmente no se contemplaban como fin del proyecto.
NO HAY PLATA NI
CAMA PARA TANTA GENTE
Adicionalmente, Villegas plantea que, en medio de un período de crisis fiscal, no encuentra racionalidad en destinar fondos públicos a esto, teniendo ya una aseguradora del Estado.
Tampoco parece haber espacio para otras entidades estatales, puesto que ya hay 12 aseguradoras privadas en el mercado.
Según el criterio del INS, se daría también un problema de eficiencia, el cual se trasladaría a los clientes o al grupo financiero en cuestión. Dentro de esto, se incluye un tema de gobierno corporativo.
“¿Pueden los bancos soportar niveles de pérdida de sus aseguradoras, que implicarían una capitalización de las mismas?”, cuestionó Villegas.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Archivo
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Jueves 23 Noviembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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