La asignación de una plaza en el departamento de Recursos Humanos del Congreso confronta a esta área con el Directorio legislativo, presidido por el diputado Gonzalo Ramírez.
Por segunda ocasión el director Hugo Cascante les señala a los legisladores que están incurriendo en un nombramiento irregular.
En el primer caso, tal como lo reveló DIARIO EXTRA, los congresistas designaron en el puesto de profesional 2b a un asesor del legislador Jorge Arguedas, sin que cumpliera los requisitos técnicos.
Lo anterior porque el funcionario, de nombre José Torrentes, tiene formación académica en derecho y no en el área específica. Recursos Humanos rechazó la designación después de un escándalo que se desató incluso con Arguedas.
En una segunda resolución el Directorio decidió nombrar a Wendy Salas Quesada, quien según la resolución técnica no cumple con uno de los requisitos, que implica 5 años de experiencia después de adquirido el grado de licenciatura.
En un oficio Cascante acusa a los congresistas de proceder prácticamente respondiendo a pagar favores políticos.
“Sobre el proceder caprichoso, arbitrario e legítimo de los miembros de este órgano, al empeñarse en nombrar en este puesto a personas que no reúnen o no cumplen con las exigencias técnico jurídicas (…) Pareciera que en su afán de satisfacer sus compromisos de nombrar a las personas que son de su particular interés, quizás atendiendo razones de conveniencia política o personal, de manera caprichosa e irracional desatienden los requerimientos técnicos y jurídicos”, manifestó.
El director de Recursos Humanos incluso les advierte sobre las consecuencias penales al afirmar: “Podría encuadrar en los supuestos previstos en la nueva legislación Procesal Laboral, así como en las conductas tipificadas de violación al deber de probidad, reconocimiento ilegal de beneficios laborales, influencia en contra de la Hacienda pública, fraude de Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y sus reformas y el Código Penal costarricense’”.
Cascante insiste en que ya emitió una recomendación técnica de la funcionaria más calificada para asumir el cargo, la Licda. Kimberly Durán Arce, siguiendo el procedimiento, en el que se respeta la carrera administrativa.
La funcionaria también envió una nota solicitando explicaciones de por qué el Directorio legislativo no avala su nombramiento.
El abogado Francisco Salas, representante de Durán, asegura que “aparte de consignar un acto harto arbitrario y vergonzoso, deben de llamar la atención de la ciudadanía, en cuanto al festín político que durante los últimos cuatrienios ha venido siendo ejecutado por ese órgano legislativo, otorgando plazas de manera arbitraria, a dedo y conveniencia.
Todo lo anterior pareciera obedecer a una posible devolución de favores a sus copartidarios y/o compinches políticos, en beneficio de sus propios intereses. Bajo la cobija amañada del poder, hacen caso omiso de que la discrecionalidad que les asiste tiene límites, dentro de los cuales destacan el interés público, la razonabilidad, la proporcionalidad y por supuesto la legalidad”.
De acuerdo con el director de Recursos Humanos, los diputados deben justificar su negativa, de lo contrario podrían estar incurriendo “en una situación discriminatoria, que riñe con la imparcialidad, la objetividad y afecte los derechos legales”.
El legislador Mario Redondo presentó a la corriente legislativa, en octubre de 2016 bajo el expediente 19.761, un proyecto de ley para quitarle las funciones administrativas al Directorio legislativo, pero no avanza en el Congreso.
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Lunes 20 Noviembre, 2017
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