Aprovechando las posibles investigaciones que realizará la nueva fiscala general interina Emilia Navas Aparicio, los taxistas le solicitarán que retome un proceso contra el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).
Lo anterior debido a que los miembros de la Fuerza Roja aseguran que una serie de irregularidades dentro de dicha institución con respecto al tema del transporte ilegal de personas y Uber quedó en el olvido.
Así lo expresó Gilberth Ureña, representante del Foro Nacional de Taxistas, quien dijo que pedirán se investigue tanto al Cosevi como a dos de sus funcionarias, entre ellas su directora ejecutiva Cindy Coto.
“Tanto el Foro Nacional como Fuerza Roja Sindical ante el cambio en las autoridades del Ministerio Público pediremos que se reabra una denuncia que interpusimos en contra de una funcionaria y su directora Cindy Coto”, indico.
Ureña se refiere específicamente a una trabajadora del Cosevi, de la cual se supo en abril de este año que su vehículo personal se encontraba inscrito y operando para la empresa de transporte Uber.
Los hechos se remontan al 5 de abril, cuando el esposo de la funcionaria de apellidos Segura Soto fue detenido prestando un servicio informal de transporte de personas, el cual es penado por la ley.
El hombre, a quien se le decomisaron las placas, también es funcionario público, pues trabaja para la Municipalidad de Tibás y se le confeccionó la boleta número 317-800-414 a las 8:16 p.m.
La multa fue por ¢103 mil y se le aplicó el decomiso de las placas, que en apariencia se le devolvieron en tiempo récord, a la vez que trató de impugnar la sanción.
Los miembros de la Fuerza Roja pidieron a la Fiscalía General de la República que se investigue lo sucedido, al igual que lo lleva a cabo el Cosevi, pues encuentran paradójico que una funcionaria estatal se preste para este tipo de actividad.
DENUNCIA QUEDÓ ENTERRADA
Ureña asegura que la denuncia original quedó enterrada y nadie ha hecho por dónde darles respuesta alguna, por lo que solicitarán a Navas que reabra este caso y pida las respuestas pertinentes.
Mientras tanto, Coto en su posición de jerarca del Cosevi aseguró en otras ocasiones que se hizo la consulta a la Procuraduría General de la República si la actuación de su subalterna representa una falta grave.
Los taxistas esperan que pronto se establezca una resolución que podría sentar un precedente en caso de que algún otro funcionario estatal realice o esté ligado a esta actividad.
