Durante el primer semestre de este año, el sector público incrementó en ¢85.316 millones la partida de remuneraciones en lo que respecta a salarios e incentivos en comparación al mismo periodo de 2016.
De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), en el informe Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público, este último pagó ¢2,6 billones en remuneraciones durante los primeros 6 meses del año, lo que representó un alza del 2,9% respecto a junio de 2016, periodo en que se canceló aproximadamente ¢2,5 billones.
En lo que respecta a salarios, el pago en el sector público ascendió a ¢1 billón (¢1.064 millones), mientras que el desembolso de incentivos sobrepasó ¢1 billón (¢1.064 millones), los cuales absorben el 77% de la partida.
“En consecuencia, se observa una recomposición paulatina de las remuneraciones, con un mayor peso de los incentivos salariales y un menor peso del salario base. Como referencia, para el 2013 y 2016 (año completo), los incentivos salariales representaron el 39,4% y 40,5% del gasto total en remuneraciones, en ese orden, mientras que a junio de 2017, dicho porcentaje es de 40,8%.
Por su parte, la participación de las remuneraciones básicas pasó de 37,9% en 2013 al 37,3% en 2016 y a junio de 2017 es del 34%”, detalla el informe contralor.
Este año, por cada colón que se pagó por concepto de salario, se canceló ¢1,06 por incentivos.
El desembolso de incentivos tiene más peso que el salario base debido a que, entre otros, se premia la antigüedad sobre la productividad, al tiempo que existe una variedad considerable de pluses y diferentes regímenes de empleo público.
COYUNTURA FISCAL CRÍTICA
Por otro lado, uno de los aspectos analizados por la entidad fiscalizadora del Estado es el tema de las finanzas públicas de Costa Rica y se concluye que “el país se enfrenta ante una coyuntura fiscal crítica, caracterizada por alto nivel y crecimiento de la deuda pública” y un menor dinamismo en lo que a ingresos por impuestos se refiere, aunado a una gran rigidez del gasto público.
El 1º de agosto anterior, el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, anunció que el gobierno atravesaba problemas de liquidez, lo que motivó a que se priorizaran los gastos que se harían.
Para la entidad contralora, pese a la leve mejoría alcanzada en 2016, el Gobierno Central presenta la misma evolución insostenible de los últimos años.
“Se incrementa el déficit primario, en especial por mayores transferencias de capital, mientras el pago de intereses crece. Aun cuando no se alcanzara para diciembre la estimación que contiene el Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la magnitud del déficit financiero supera el límite de sostenibilidad o estabilidad de la deuda”, puntualiza el análisis.
Para la Contraloría, es sumamente importante que el Ejecutivo realice reformas de orden administrativo con el fin de potenciar la recaudación fiscal, la gestión pública de manera eficiente y eficaz, para alcanzar el ordenamiento del gasto en el sector público y sostenibilidad de las finanzas.
“Y, en lo pertinente, se acompañen de los cambios normativos que corresponda, con el propósito de disminuir la evasión y la elusión tributarios, e igualmente para ajustar el presupuesto a las prioridades y a la realidad del país. La agenda de propuestas en la Asamblea Legislativa configura suficientes medidas para que, una vez puestas en ejecución, determinen una ruta de sostenibilidad fiscal y un adecuado financiamiento para los servidores estatales”, puntualiza el estudio.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Martes 05 Septiembre, 2017
HORA: 12:00 AM
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