Berenice Smith Bonilla en su condición de fiscal General de la República interina solicitó a la Sala III la desestimación de la causa contra los diputados, Víctor Morales Zapata del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Otto Guevara del Movimiento Libertario, por un supuesto tráfico de influencias para beneficiar al empresario Juan Carlos Bolaños y a la empresa Sinocem para la importación de cemento chino al país.
Esa petición fue vista por los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia por tratarse de un caso que involucra a miembros de supremos poderos como era el caso de los diputados.
Tras las valoraciones de la fiscala Smith y aduciendo que no había pruebas suficientes fue que los jueces supremos, Carlos Chinchilla, actual Presidente de la Corte, Celso Gamboa, ex ministro de Seguridad Pública de dos administraciones, Doris Arias, actual presidenta de esa Sala, Jesús Arias, recientemente reelecto y la magistrada suplente María Elena Gómez , todos ellos apoyaron la tesis del Ministerio público en febrero de este año tras pocos meses de investigaciones.
POCOS MESES DE PESQUISAS
En la resolución 2017-00134 del 20 de febrero de este año en poder de DIARIO EXTRA, se indica que tras la prueba recabada “no es posible proceder con una eventual acusación y solicitud de apertura a juicio, por tratarse de hechos atípicos”.
Además, se explican los motivos para descartar las acusaciones contra los legisladores, estas surgieron de una denuncia anónima, en agosto del 2016.
En la denuncia, de la cual DIARIO EXTRA dio a conocer hace más de un año, se relacionó Guevara y a Morales como “aliados” para favorecer la reforma al Reglamento Técnico de Cemento y variar los requisitos para su venta, lo que permitiría al empresario Juan Bolaños importar cemento desde China.
En el caso de Morales, este se habría dedicado a hacer “lobby” en el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MIEC) para modificar el reglamento, eliminando el tope de los 45 días de empaque, además de influenciar tanto en el presidente Solís y en el ministro de entonces, Welmer Ramos, y de lo cual habría recibido un pago por su “trabajo político”.
En el caso de Guevara, la denuncia anónima hizo referencia a una campaña política que este inició contra el oligopolio de las empresas Holcim y Cemex.
También se incluyó al asesor del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Walter Céspedes, quien tuvo la tarea se supuestamente influenciar en la decisión política a lo interno del partido.
NO HAY RELACIÓN
La resolución de la Sala III es contundente en afirmar que en la investigación del Ministerio Público no pudo establecerse la tipicidad de la conducta denunciada a los investigados.
“Ni que, con la variación de las restricciones para la nacionalización del cemento, la empresa Sinocem S.A., fuese alcanzar altas ventas o fuese a incursionar en el mercado nacional de forma exitosa, obteniéndose con ello ganancias cuantiosas para el dueño de dicha corporación”, indica la misma.
En el caso de Guevara, explica que el accionar del legislador se debió a una posición ideológica que busca una mayor apertura del mercado del cemento, sin que esto signifique un tráfico de influencias para una empresa en específico.
“Si bien existe un interés manifiesto por parte del diputado Guevara Güth, en la modificación de la normativa 32253-MEIC, Reglamento Técnico RTCR 383:2004, este obedece a su posición partidista y del ejercicio legítimo de su función pública como diputado de la República; esto con respecto al tema de la apertura del negocio cementero en nuestro país”, detalla la resolución.
LLAMADAS NO VINCULANTES
En cuanto a Morales, a pesar de que la investigación arrojó un “tráfico” de llamadas entre ambos legisladores, no existió entre ellas algún contacto con el empresario Bolaños.
“Por lo que resulta inviable acreditar, bajo el grado de probabilidad, cualquier vinculación directa que medie entre la empresa Sinocem S.A. o su propietario Bolaños Rojas, con el diputado Morales Zapata”, se argumenta en el documento.
La investigación también se abocó a investigar las supuestas reuniones entre el legislador del PAC y Bolaños, pero las pesquisas judiciales dieron un resultado negativo.
“...no se puede establecer, con al menos un grado de probabilidad, que el accionar reprochado a los diputados Otto Guevara Güth y Víctor Morales Zapata, revista un tráfico de influencia según la denuncia anónima interpuesta”, concluye el texto de la resolución.
Inclusive en cuanto al supuesto beneficio a la empresa Sinocem y el riesgo del crédito bancario otorgado por el Banco de Costa Rica, la resolución hace referencia a un oficio de la auditoría interna del banco, del 18 de noviembre de 2016, seriado AUD- 0169-2006 que: “(...) Finalmente, le informamos que de la revisión y seguimiento que se efectúa a este cliente, a la fecha no hemos detectado ni tenido conocimiento de algún aspecto o irregularidad que afecte de manera ilegal la estabilidad financiera del Banco.”, apunta el documento judicial.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
CRÉDITOS: Foto archivo
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Miércoles 30 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
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