¿Montarse en la carreta del gobierno?
Editorial
Medir cuán populares son los jerarcas o el Presidente de la República a estas alturas del partido está muy lejos de ser una prioridad en medio de la crisis fiscal que afronta el país, que el propio mandatario en cadena nacional se encarga de alarmar a los ciudadanos, presionando por la aprobación de nuevos impuestos.
Pero el panorama se torna aún más repudiable, si dineros que podrían utilizarse para proyectos nacionales se emplean en la construcción de encuestas que además favorecerían directamente al candidato presidencial que representa al Partido Acción Ciudadana (PAC).
Como diríamos popularmente, es montarse en la carreta del gobierno y al final en la de los ciudadanos. Entonces además estaríamos frente a un delito electoral, sin dejar de lado otras posibles tipificaciones.
El denunciado vínculo es por la contratación que realiza la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) -que administra los fondos donados por el Banco Centroamericano por la Integración Económica (BCIE)- a la empresa Indicexcr para el desarrollo de estudios de opinión -que incluyen mediciones sobre la imagen de gobierno-.
El dueño de esta última compañía se proclama a favor del aspirante presidencial del PAC, Carlos Alvarado, y con quien además figura en fotografías, entregándole justamente mediciones electorales de cara a la contienda de 2018, lo cual deja claramente en entredicho la transparencia en el uso de los recursos.
Claramente la Contraloría General de la República ha señalado que recursos donados por el BCIE son de carácter público, por lo que sin lugar a dudas no deberían prestarse para hacerle campaña a nadie.
Con qué fondos, por ejemplo, se pagó a Indicexcr un estudio de opinión sobre el perfil de candidatos presidenciales, el cual comprende el periodo en que el aspirante del PAC era ministro de la República.
La misma compañía hizo pública la fotografía donde se presenta los resultados al ahora candidato presidencial, justamente en mayo del presente año.
Y aunque han pasado pocos meses desde esa presentación, para Alvarado -seguro- han sido como años, porque alega no recordar ni cómo habría realizado el supuesto pago de esa encuesta. Tampoco se acuerda de dónde salió la plata y ese es el problema de algunos políticos, los cuales cuando les conviene alegan pérdida de memoria.
Es decir, si se trataba de esclarecer el panorama, el propio aspirante genera más dudas y cuestionamientos de los posibles beneficios que estaría recibiendo por parte del Gobierno.
Así lo denuncian congresistas de oposición, quienes cuestionan las contradicciones de la administración Solís Rivera, al ofrecer un cambio que cuando se trata de señalamientos de corrupción o faltas de ética cometidas por personas ligadas a su gabinete, los justifican pero desde la otra trinchera los fustigaban.
Pero esta crítica la han hecho hasta los propios militantes del PAC, quienes representan al fundador del partido, y es por esa razón que han exigido a Alvarado comprometerse a gobernar con los principios éticos con que surgió la agrupación política.
Si bien está claro que Carlos Alvarado ha centrado su estrategia de campaña con base en lo que ha hecho el gobierno de Luis Guillermo Solís, “montarse” en los logros para realizar sus anuncios publicitarios y augurar que prácticamente de ganar repetiría muchas piezas de la actual administración, su oferta de continuismo no da para aprovecharse de los recursos que son para beneficio del resto de costarricenses con el fin de amortiguar la falta de liquidez que colocaría en jaque la ejecución de obra pública y programas sociales.
En medio de la carrera electoral por preservar la silla presidencial no se vale montarse en la carreta del gobierno.
Tampoco se vale asustar al país sobre la necesidad de nuevos recursos si las prioridades en medio de la crisis son seguir pagando estudios de opinión y viajes de jerarcas al extranjero.
