La reforma al fondo de pensiones judiciales estaría generando un conflicto de interés entre los tres poderes de la República.
Del encuentro donde participó el mandatario Luis Guillermo Solís, el presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, y varias asociaciones de empleados parecía salir humo blanco.
Sin embargo, ayer Solís se dejó decir que el mensaje a la Asamblea Legislativa es respetar el dictamen de mayoría, que era el texto propuesto por un grupo de diputados y no por los gremios judiciales.
La actitud dejó desconcertados a varios sindicatos, que más bien esperaban la apertura de una mesa de diálogo para llegar a un texto común.
La jueza Vivian Coles dijo que todo esto deja ver que la reunión en Casa Presidencial se trató de un acto diplomático, donde por demás no estuvieron todos los dirigentes gremiales, sino que se invitó solo a algunos y de asociaciones, dejando por fuera a los sindicatos.
Manifestó desconocer las razones, porque era evidente que no obedeció a falta de espacio.
Entre los grandes ausentes se menciona a Jorge Morales, secretario general del Sindicato de la Judicatura (Sindiju). “Yo protesto por eso”, acotó.
“En conferencia de prensa, el mensaje del Poder Ejecutivo es que a pesar de tener una posición de no declinar la convocatoria viene a decir adicionalmente que va a delegar en los vicepresidentes el estudio de la propuesta Corte-gremios, pero hoy (ayer) en la mañana hace ver que no y que se sigue adelante con la de los diputados”, añadió Coles.
Para la jueza, el Poder Judicial solo intentaba impulsar una solución expedita y es necesario se explique si la propuesta de los gremios fue escuchada o si solo se trató de un “acto simbólico”. “Lo que se informa en las redes conlleva que fue una atención para recibir sus propuestas, pero sin resultados. Es un acto de diplomacia que no surtió en apariencia ningún efecto cuando el Poder Judicial actuó de buena fe”, manifestó.
A su criterio, algunos parecen olvidar que el Poder Judicial es un poder de la República en igualdad de pesos y contrapesos, con una circunstancia particular, y es que se está pronunciando en relación con una posible ley que va a tener una implicación importante entre sus funcionarios.
NO SE TRATA DE IMPOSICIONES
“Hay un conflicto de intereses entre los poderes de la República, un Poder Judicial jalando para su saco y dos poderes actuando de acuerdo con lo que ellos estiman que es lo idóneo para solventar una situación crítica a juicio de ellos”, recalcó Coles.
A su criterio la huelga superó las expectativas, en cuanto a que con un movimiento histórico logran retirar el texto de Supen, pero considera que no es suficiente, pues no se trata solo de enviar una propuesta y que esta pase sin filtros.
En un acto de responsabilidad, según dijo, los diputados deberían sentarse y analizar ambos textos, el de la Corte-gremios y el de los legisladores y unificar un proyecto. “Tiene que haber un punto de equilibrio y de sostenibilidad del régimen”, enfatizó. Considera que se debe considerar que los funcionarios judiciales no están detrás de un escritorio, sino que tienen condiciones distintas a otros trabajadores.
A manera de ejemplo, contó que es difícil de imaginar a un agente del Organismo de Investigación Judicial que a los 61 años se mantenga en operativos, por el desgaste físico y mental que eso implica.
Reiteró que también hay diferencias entre hombres y mujeres que deben y tienen que tomarse en cuenta sobre la edad de retiro.
En apariencia solo uno de los textos llegó a la Secretaría del Directorio para de ahí pasar al Plenario, lo que implica que no se analizó el transitorio incluido y sus implicaciones económicas para el país.
Sobre la tasa de reemplazo, explicó que es la relación que hay entre la primera jubilación que se recibe, en comparación con el último sueldo nominal.
“Esto quiere decir que si se habla de un último sueldo de ȼ1 millón y se paga de jubilación, entonces la tasa de reemplazo es de 85%. A los que les falten 10 años o menos en el marco legal vigente se aplicaría, según el transitorio 5, el 100% de tasa de reemplazo”, aclaró.
“Aquí nosotros estamos tratando de ejercer una defensa sobre un interés común. El ánimo es buscar una solución común. Se trata de buscar un campo de negociación, no de un poder sobre otro. Yo tengo la esperanza de que haya un cambio, solo los ríos no se devuelven”, acotó.
Por otra parte, mencionó que no aceptan la forma en que se ha calificado la conducta de la familia judicial, en el sentido de la intransigencia. De hecho, lo calificó de injusto.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Fotos: Yostin Forbes.
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Jueves 03 Agosto, 2017
HORA: 12:00 AM
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