Los funcionarios que tengan a su cargo la planificación, ejecución o supervisión de proyectos, obras, servicios y compras públicas, y permitan un aumento injustificado en los costos de su desarrollo, podrían pasar hasta siete años en la cárcel.
Mario Redondo, diputado del Partido Alianza Demócrata Cristiana, presentó a la corriente legislativa el proyecto 20.455 “Ley para penalizar el despilfarro de los recursos públicos”.
“Estamos hartos de que en este país se despilfarren decenas de miles de millones en chambonadas, de que se malgaste el dinero del pueblo un día sí y otro también, y que no pase nada, que nadie responda por esos graves errores.
¡Cómo que no pasa nada! Ya basta de tanta impunidad. Ya basta de limitar al pueblo por un lado y por otro ser tan descuidado con el manejo de los recursos públicos. La gente está harta de tanto descuido y ligereza. Es por eso que presentamos este proyecto de ley, para acabar con la impunidad en el despilfarro de los recursos públicos”, sostuvo Redondo.
La propuesta reforma el artículo 52 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, estableciendo penas en la siguiente escala: 6 meses a dos años si el aumento en el costo de las obras
Llega a los 100 salarios base, de 1 a 4 años si llega a 200 salarios base y de 3 a 7 años si sobrepasa ese monto.
El sueldo base al 2017 se registra en ȼ426.200.
En el proyecto, el jefe de dicho funcionario también deberá responder solidariamente en la vía civil y tendría una responsabilidad administrativa.
“El pueblo merece que sus recursos se administren con diligencia, responsabilidad y rectitud, no más pifias impunes, no más chambonadas a costa de los recursos públicos, no más descuidos y ligerezas, hay que darle seriedad y calidad a la gestión administrativa y financiera del Estado, hay que garantizar que el dinero se use bien en obras, bienes o servicios desarrollados con eficiencia”, concluyó el legislador.
