En sesión extraordinaria, la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa dio primer debate al proyecto 19.645, que busca establecer una Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.
La creación de esta nueva jurisdicción tendrá un costo estimado de ¢1.000 millones, según cree el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Marco Vinicio Redondo, que integra la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
“Es algo muy necesario debido a la inseguridad actual que enfrentamos, que se sustenta en el crecimiento del crimen organizado, más que en la violencia doméstica, y lo que busca es un tratamiento especial gracias a esta jurisdicción, por el poder económico que manejan estas estructuras criminales”, explicó Redondo.
MÁS HERRAMIENTAS
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata, se mostró complacido por la aprobación en primer debate que permitirá el juzgamiento de delitos graves que hacen tanto daño al país.
De acuerdo con el jerarca, esta nueva área permitirá contar con juzgados y tribunales que extenderán su competencia al conocimiento de los delitos conexos al crimen organizado.
“El conocimiento de los hechos que califiquen como delincuencia organizada será competencia del Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada, del Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada y del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, lo que da realce y la importancia que amerita el atender estos temas”, agregó Mata.
Eso quiere decir que si en la fase de investigación de un delito se determina que los hechos se adecuan a la delincuencia organizada, el Fiscal General podrá solicitar a este juzgado especializado que se arrogue el conocimiento del caso, sirviéndose de esta unidad creada para ello especialmente.
CAPACIDAD ADICIONAL Y RECURSOS
El legislador del PAC recordó que los jueces y fiscales que laboren en estos juzgados deberán recibir una capacitación adicional en lo que respecta a las estrategias del crimen organizado, cuáles son los comportamientos y cómo abordarlos.
Redondo reconoció que el proyecto no incluye de dónde se sacarán los ¢1.000 millones que se estiman costará poner en la práctica esta nueva jurisdicción.
“Sí me preocupa que va a generar una necesidad de recursos adicionales y que no se contemplan en el proyecto, y que el Estado deberá buscar para financiar esta unidad, al igual que ocurrió con la ley de procesal laboral”, afirmó.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza, admitió que en los primeros cincos meses del año, más de 200 homicidios dolosos que contabiliza la policía nacional son en su mayoría de crimen organizado: drogas, armas, tráfico de personas y lavado de dinero.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 06 Julio, 2017
HORA: 12:00 AM
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