Los dueños de inmuebles que sean declarados de interés público tendrán un plazo máximo de 15 días para entregar sus bienes al Estado, y sólo se extenderá a dos meses si se trata de una vivienda.
Así lo dispone el proyecto de Ley 20.062, reforma a la Ley de Expropiaciones y Notificaciones Judiciales, que ya recibió aprobación en primer debate legislativo.
La intención principal de la iniciativa es agilizar el desarrollo de infraestructura vial. Con este cambio, el gobierno anunció que se podrá acelerar el paso a la ampliación de la carretera ruta 32, Cañas-Barranca, Circunvalación, proyecto Playa Naranjo-Paquera.
“Es de gran interés porque viene a resumir la problemática, y las inconsistencias que se habían presentado con la anterior ley, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Los jueces habían desacelerado los trámites y procedimientos precisamente porque la ley en ningún momento los facultaba, ni les daba un plazo.
Les estamos dando después de que reciben el peritaje cinco días para dictar la resolución, donde se le otorga al expropiado 15 días para que desaloje, y si existe casa de habitación dos meses. Dese luego con base a un avaluó. Si la persona rechaza el avalúo, el juez pone al Estado o la institución expropiante para que haga uso de los terrenos, y el juicio sigue por aparte” detalló el diputado.
La reforma también clarifica el criterio de reconocerle al dueño no solo el valor de la infraestructura, sino también del negocio que sobre este inmueble se desarrolle.
“Un juez dijo que el avaluó comercial tenía que irlo a pelear la parte en los tribunales, hoy si está clara la intención del legislador, que es que el avaluó es un todo, y el mejor ejemplo es con aquellos locales comerciales en el que uno es el dueño del inmueble, y otra persona desarrolló el establecimiento comercial, la firma, el nombre, por ejemplo un discotequera, un bar, que tiene un valor. No se le puede decir a esta persona que tiene que pelear a los tribunales” explicó Vásquez.
Con esta nueva legislación, si vencido el plazo la persona no entrega la propiedad, se podrá echar mano del respaldo de la Fuerza Pública para obligarlos a salir.
La reforma debe aprobarse en segundo debate legislativo para entrar en vigencia.
