Pensiones de lujo y pensiones de hambre
Sandra Piszk Feinzilber*
El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) de la CCSS constituye uno de los mecanismos más importantes de solidaridad social. Cubre a una población desposeída que está en pobreza o pobreza extrema. A pesar de lo anterior, el apoyo que el Estado les brinda difícilmente cubre las necesidades mínimas de esta población.
El sistema atiende alrededor de 112 mil beneficiarios, de los que el 97% son, en su mayoría, personas adultas mayores que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. La pensión mensual es de 78 mil colones. El otro 3% son pensiones especiales con un monto mensual de ¢256.352, diferencia que se debe a la gravedad de las personas amparadas bajo la Ley 8769, tales como personas con parálisis cerebral profunda.
Un rápido cálculo de lo que significan estos ¢78 mil mensuales puede visualizarse si comparamos este monto con lo que cuesta la canasta básica, la cual, según datos del INEC, es de ¢105.397 a mayo de este año, con lo que evidentemente el monto otorgado no alcanza siquiera para cubrir las necesidades básicas.
Ante esta preocupante situación, desde el mes de febrero de este año presenté en la corriente legislativa el proyecto de ley No. 20.286 que propone atribuirle un fin e interés social a aquellos recursos que se generen como producto de los depósitos de juicios concluidos o abandonados, que, luego de no ser reclamados por sus propietarios en el plazo prudencial estipulado en esta norma, puedan ser posteriormente destinados al fortalecimiento del Régimen de Pensiones No Contributivo administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, en pro de su sostenibilidad financiera y cumplimiento de sus fines. Afortunadamente, el pasado martes 13 de junio, dicho proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Sociales, por lo que avanza hacia su aprobación como Ley de la República en el Plenario legislativo.
Este esfuerzo es consecuente con las acciones que, en el año 2000, siendo Defensora de los Habitantes, emprendí para que se declarara la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial que permitían que parte de esos recursos se destinaran al Fondo de Pensiones de dicho Poder, alegando que el destino de estos debía tener un fin de carácter social. Como resultado de dicha gestión, los recursos en cuestión fueron depositados en el Banco de Costa Rica sin que durante 17 años se aprobara ninguna legislación que permitiera darles el destino que se pretendió con la acción emprendida por la Defensoría.
Según datos de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, al 1 de febrero de 2017 estos recursos ascienden a la suma de ¢13.452 millones de colones, los cuales, a partir de la aprobación del proyecto que presenté, podrán dirigirse a aliviar, aunque sea modestamente, las penurias de la población en pobreza extrema.
Afortunadamente, el proyecto en cuestión no solo fue aprobado en la Comisión de Asuntos Sociales, sino que el pasado miércoles 14 de junio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla, manifestó su apoyo a este, asunto importante para el debate que deberá hacerse próximamente en el Plenario.
En momentos en que se busca acabar con las pensiones de lujo, es necesario asumir también la responsabilidad de dignificar las pensiones de hambre que se destinan a los más desposeídos de nuestra sociedad. No otra cosa significa la solidaridad que nuestro país buscó cuando optó por una sociedad en la cual la seguridad social fuera para todos. Nuestro compromiso es acabar con ambas. Esos son los extremos que Costa Rica no puede seguir tolerando.
*Diputada Partido
Liberación Nacional
