¿Extinción de dominio?
Editorial
DIARIO EXTRA se ha preocupado, desde siempre, por la criminalidad. Y no como un índice ni un mero reporte aislado de hechos de sangre sino como uno de los problemas más serios y urgentes que afectan a la sociedad costarricense, es decir; lectores, anunciantes, en fin, a nuestros coterráneos.
Junto a la pobreza y su correlato de inequidad, la corrupción y la sub administración de la institucionalidad pública –léase: en cuenta la innegable crisis de la educación pública, la seguridad social y la crítica infraestructura-, el crimen organizado y ya no solo la delincuencia común, nos roba el sueño y nos ha colocado en la primera línea de denuncia. No ahora. Nuestra denuncia valiente, es de siempre.
Lo nuestro ha sido más bien una cruzada, llamando por su nombre a estructuras criminales que guerrean por territorios en nuestros barrios y costas, cabecillas incluidos, señalando a funcionarios corruptos y coludidos, sean del ejecutivo o el judicial.
Cuando se ha tratado del crimen organizado, ha sido la denuncia por un lado y el apoyo a los policías valientes que, aun cuando la lucha es desigual, persisten. Incluso hemos llegado a develar patrimonios de dudosa procedencia y urgido a las autoridades para que se fortalezcan las instancias de control, se funde una jurisdicción especializada y se reserven recursos suficientes y honrosos para las policías de control de drogas, de fronteras, la Fiscalía y el OIJ.
Así que lo nuestro contra el crimen organizado va mucho más allá del discurso o la pose políticamente correcta.
Ha sido un compromiso. Además, uno que pocos pueden exhibir tan orgullosamente como La Extra. Sobre todo, porque nuestra aversión al crimen organizado se ve de lejos. Nunca hemos claudicado en la denuncia ni lo haremos. Caiga quien caiga al mover la rama y salga quien salga al levantar la piedra.
Pero nuestra aversión casi genética al crimen organizado, no nos impide subrayar, hoy y siempre que haga falta, nuestra suscripción indeclinable al Estado de derecho. Convencidos por demás, que a ese violento y amenazante flagelo se le combate desde el derecho y no desde el capricho y la arbitrariedad, so pena de ir perdiendo progresivamente nuestra democracia, que no por sólida es autosuficiente.
A la democracia hay que conquistarla todos los días. Con civismo y previsión. Jamás entregarla al capricho gubernamental mediante el debilitamiento de los derechos humanos que nos asisten a todos por el “simple” hecho de ser personas y habitar este privilegiado pedazo de tierra.
Sea el principio de inocencia y su correlato sobre la carga de la prueba, el de juez natural y la doble instancia, o el de la buena fe e incluso el mismísimo derecho a la propiedad privada, todos en compendio, deben defenderse por más urgencia que tenga el país de contener esa avalancha de cuatro mil millones de dólares ($4.000.000.000), que los oficiales responsables han reconocido, se lavan en Costa Rica anualmente.
No es como lo están exponiendo algunos, el proyecto de Extinción de Dominio en su forma actual lo más conveniente para el país, cuidado y más bien podría usarse para doblar brazos, comprar consciencias, pedir favores y acallar críticas. No podríamos dejar a la interpretación, a la duda, a la sospecha meramente algo tan delicado como la integridad, la honestidad y la dignidad de los ciudadanos. Jamás podríamos vulnerar con una norma los derechos de muchos costarricenses honrados, todo por el afán de querer corregir lo que por años se ha mantenido inerte en el marco jurídico.
Nos preocupa, como a pocos, sobre todo porque los atestiguamos en primera fila, que los homicidios hayan aumentado en un inaudito cincuenta por ciento (50%) entre 2013 y 2016.
Eso es pasmoso y no es una cifra, es una tragedia con rostros humanos. Rostros que, como es sabido, retratamos diariamente en nuestra sección de sucesos, única parte de nuestro periódico que estaríamos gustosos de clausurar algún día, por falta de noticias.
Y no es que el lavado sea cosa nueva en Costa Rica. Los Vesco, los Quintero, los Matute Gómez y tantos otros, dan cuenta de ello.
Pero la violencia incontenida sí que es novedad. Y a menos que el palanganeo oficial y la alergia de las campañas políticas por abordar los problemas de fondo, en cuenta este, se transforme en franqueza y fondo, nos espera una espiral de violencia que Costa Rica, no solo no se merece, sino que no podría contrarrestar. No al menos, sin un costo que raya en lo impagable como Nación.
Así que no es cuestión solo de decir que no al proyecto de ley para extinguir el dominio sin necesidad de probar el vínculo criminógeno entre propietario y delito, o lo que es similar pero no igual, entre propiedad y delito.
Si en función del bloque constitucional y convencional, esa no es la ruta permisible en un Estado de derecho en cuyo marco jamás deben pagar justos por pecadores, y ello por más miedo y alarma latentes, si esa no es la ruta, hay que precisar entonces, cuál sería la alternativa. Habría que proponer y no solo rechazar. Porque como decíamos, tampoco se trata de optar por el inmovilismo y la postergación, como hasta ahora parece haber sido la tónica.
