La diputada Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana (PAC) -quien integra la Comisión Especial que estudia una reforma al régimen de pensiones del Poder Judicial- insiste que el quinto insumo del estudio actuarial que elaboró la Universidad de Costa Rica (UCR) por encargo de la Corte es inexacto y los estaría induciendo a error.
Según afirma, el problema es que este incluye -dentro del cálculo para salvar al régimen-, los casi ¢13 mil millones de los recursos ociosos de los depósitos e intereses de los procesos judiciales, lo cual es inconstitucional.
“El dinero es producto de depósitos e intereses de procesos judiciales concluidos o abandonados, por lo que los mismos magistrados determinaron que estos dineros, siendo parte del patrimonio de distintos sujetos, no pueden ser utilizados para pagar sus pensiones, pues viola el derecho a la propiedad privada, así como el principio de solidaridad social”, destacó Guerrero.
La legisladora hace referencia a una sentencia de la misma Corte (voto 10817-2001), donde se declaró inconstitucional usar dichos dineros para el pago exclusivo de pensiones del gremio del Poder Judicial.
El voto menciona que utilizar ese dinero sería crear un privilegio a favor del Fondo del Poder Judicial.
“No es correcto que este dinero, que debería tener como destino el bien social, sea utilizado para pagar el hueco en el régimen de las pensiones del Poder Judicial causado por las pensiones de lujo y por la mala administración de las pasadas autoridades. Este dinero debe ser utilizado para el Régimen no Contributivo, donde se ven beneficiadas personas cuyos ingresos son inferiores o iguales a la línea de pobreza, personas huérfanas o con discapacidad, viudas en desamparo, indigentes y adultos mayores” mencionó.
Adriana Orocú, jerarca de la Asociación Costarricense de la Judicatura, explicó que en su momento debido a la responsabilidad y amplia labor de resguardo de la administración de esos fondos ociosos, y una vez vencido el plazo de prescripción de 10 años de los recursos, una parte pasará al fondo del IVM y otra al del Poder Judicial.
“Esto se pensó en razón del costo administrativo tan grande que significa la administración de esos recursos, pero no quiere decir esto que no se valoren las recomendaciones tanto de la UCR, como de la misma Asamblea Legislativa, no estamos cerrados a valorar el tema”, apuntó.
Agregó que en el análisis de insumos del estudio de la UCR, se consultó cuánto representaba para el fondo el uso de estos recursos y la respuesta fue que era mínimo o insignificante su impacto.
La comisión que analiza la reforma llamará la próxima semana a comparecer al presidente de la Corte, Carlos Chinchilla, para que se refiera a este y otros temas.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Miércoles 07 Junio, 2017
HORA: 12:00 AM
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