Los magistrados de la Sala Constitucional analizaron el expediente 17-005655-007—CO, en el que una funcionaria de la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia -cuyo nombre se reserva- denuncia que fue objeto de espionaje telefónico.
Según la denunciante, ella nunca autorizó que la Dirección de Adaptación Social utilizara una conversación privada suya durante un proceso disciplinario y en el recurso de amparo indica que: “la conversación telefónica fue grabada sin su consentimiento”.
Al parecer y como señala la acusación, la grabación supuestamente se utilizó en un proceso disciplinario; sin embargo, como veremos más adelante, el Ministerio de Justicia niega haberla usado.
SENTENCIA
Los magistrados declararon el recurso parcialmente con lugar, y en la sentencia número 007363-17 del 19 de mayo anterior, basaron su decisión en el voto número 012831-16, referente al rastreo de llamadas telefónicas dentro de procedimientos disciplinarios.
La Sala estimó que en el caso de la funcionaria de Adaptación Social sí existió lesión a los derechos de la demandante y consideran que: “consta que se efectuó una intervención de una comunicación de naturaleza privada por parte de los funcionarios involucrados”, reza la sentencia con que la Sala notificó a la demandante y a las autoridades de Adaptación Social.
DERECHOS
Los magistrados consideraron que existen daños a los derechos de la ciudadana y funcionaria pública, se trata de actos que violan el numeral 24 de la Constitución Política.
“En este caso, la Sala considera que en el presente asunto sí existe una lesión a los derechos de la tutelada, pues consta que se efectuó una intervención de una comunicación de naturaleza privada por parte de los accionados, sin que existiera una orden de una autoridad judicial que los autorizara para tal fin”, detalla la sentencia de la sala.
Mientras que los magistrados les dan tres días al Ministerio de Justicia y Adaptación Social para que sea eliminada del expediente del proceso administrativo la grabación de la conversación de la demandante, las autoridades del Ministerio de Justicia responden a los cuestionamientos y niegan que fueran las autoridades de Adaptación Social los que utilizaron la grabación.
“La grabación declarada ilegal por parte de la Sala Constitucional fue aportada originariamente por parte de la denunciante y no así por ninguna instancia del Ministerio de Justicia y Paz.
Esa grabación está contenida en un disco compacto, dentro de un sobre cerrado, que se encuentra dentro del expediente administrativo, en una fase privada de acceso únicamente para las partes”, explica el comunicado del departamento de prensa.
De acuerdo con las autoridades de esta dependencia, en cuanto al caso al que alude la Sala Constitucional, no se ha emitido una sentencia ni acción contra la funcionaria.
“Como todavía no se ha realizado la audiencia oral y privada, en la cual las partes presentan sus alegatos, este Ministerio no ha emitido una decisión final, la cual le corresponde al director general de Adaptación Social. La ministra de Justicia y Paz no ha conocido el fondo de este caso, pues ella resuelve, solamente, en fase de apelación”, aclaran las autoridades de justicia.
En el Ministerio de Justicia aseguraron que se dictó instrucción a la Dirección Jurídica para que se elimine del expediente el disco compacto que contiene la grabación sujeta a espionaje y que los magistrados declaran ilegal.
PERIODISTA: Gustavo Retana
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Sábado 03 Junio, 2017
HORA: 12:00 AM
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