El aumento de 35% en las tarifas de Riteve que se aplicará durante los siguientes 2 años, sigue sacando roncha, al punto en que algunos desconfían que pudo no ser un acto transparente, sino se logró con posibles influencias.
La lucha por prohibir este incremento ha tomado nuevas connotaciones, luego de que algunos miembros de la Asamblea Legislativa solicitaran una serie de documentos para analizar cómo se llegó a dicha resolución.
Tal es el caso de Edgardo Araya, diputado por el Frente Amplio (FA) quien envió una serie de solicitudes a Carlos Villalta, jerarca del Ministerio Obras Públicas y Transportes (MOPT) para esclarecer qué parámetros se utilizaron para los acuerdos del decreto ejecutivo en el que se aprueba la metodología.
En los oficios enviados, Araya no solo externa su preocupación por el alto incremento el cual catalogó de prematuro y excesivo, sino que no se cumplía con la normativa de que el aumento no puede ser mayor a 13%.
Entre lo solicitado se encuentran los fallos de los arbitrajes internacionales entre la empresa Riteve y Costa Rica, al igual que los expedientes de resoluciones ante el Tribunal Contencioso Administrativo TCA).
Además, se pide acceso a los informes técnicos y legales del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) para la emisión del decreto 40136-MOPT que ratifica el modelo tarifario de Riteve. Otro documento que pide el legislador es el contrato que firmó el país con la compañía extranjera, así como una copia de la oferta inicial que dio pie a la adjudicación del servicio.
Algo que mantiene en vilo al diputado Araya, son los nexos que varios involucrados en el proceso tienen en común, pues insiste en que esto da pie a especulaciones.
“Esto atenta contra la credibilidad, Alex Sibaja, trabaja con los transportistas, Marvin Herrera, no solo tiene que ver con Tuasa sino además es accionista de Riteve y la esposa de Alex Sibaja trabaja en el despacho del Regulador General”, declaró.
Según Araya, el artículo 166 de la Ley General de la Administración Pública establece que un acto administrativo es absolutamente nulo, cuando falten uno o varios de sus elementos constitutivos, real o jurídicamente.
Uno de esos requisitos o elementos suscritos entre el Estado costarricense y Riteve, es el compromiso de la empresa, de presentar estados financieros auditados que son fundamentales para establecer las tarifas que puede cobrar, cosa que no se ha hecho.
Para él, el proceso y los ligámenes deben ser investigados y de comprobarse irregularidades dar nulidad absoluta del aumento, lo cual otros legisladores ya habían pedido como el caso de Mario Redondo de Alianza Demócrata Cristiana.
