Para el coordinador del colectivo Patria Justa, Albino Vargas, se debe derogar el acuerdo de 2008 que creó un nuevo incentivo denominado Índice Gerencial porque es una injusticia contra toda la masa laboral del Poder Judicial que no participa en ese festín de fondos públicos en las altas jefaturas de la Corte.
Vargas subrayó que los funcionarios que participaron en tal incremento no deberían ni siquiera participar como candidatos a la presidencia de la Corte, como es el caso del magistrado Carlos Chinchilla, quien resultó electo este lunes y fue uno de los que votaron afirmativo el acuerdo No.26-2008.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica denunció el pasado 21 de mayo sobre la carta que Ottón Solís, diputado del Partido de Acción Ciudadana (PAC), envió a los magistrados de la Sala IV para que resuelvan un recurso de inconstitucionalidad presentado por dos funcionarios judiciales contra dos acuerdos que crearon un nuevo incentivo salarial que benefició a 46 puestos de la institución.
La nota del legislador critica dos acuerdos tomados en 2008-2010. En el primero se creó el plus y dos años después se decidió que ese incentivo formaría parte de la base salarial de los denominados estratos de alta gerencia.
MÁXIMOS NIVELES DE DECISIÓN
En el estrato de alta gerencia se contemplan el magistrado presidente, el magistrado vicepresidente, el fiscal general, el fiscal general adjunto, el integrante del Consejo Superior, el director general y el subjefe del Organismo de Investigación Judicial, el jefe de la Defensa Pública, entre otros funcionarios cuyos cargos son catalogados como gerenciales, en virtud de que se ubican en los máximos niveles de decisión y brindan asesoría de manera directa sobre áreas especializadas.
Los puestos que gozan de ese índice gerencial, según la oficina de prensa de la Corte, son aquellos que pertenecen a unidades de trabajo que generan, formulan y aplican políticas a nivel institucional. Además asumen responsabilidades donde hay un elevado e intensivo uso de conocimientos, experiencia y racionalidad.
Otra de las características que contempla este perfil gerencial es que el trabajo del funcionario está fragmentado, en el tanto no puede dedicar mucho tiempo a una sola actividad, por el contrario debe interactuar en la construcción de soluciones y resolución de problemas de diferente naturaleza, entre otras características, subraya la información de la oficina de prensa.
“Instamos a la familia laboral del Poder Judicial que se movilice para que se diferencien los trabajadores de la cúpula judicial”, añadió Vargas, quien señaló que la magistratura del Poder Judicial viene perdiendo credibilidad, máxime con estas decisiones que benefician a unos cuantos.
Un análisis del despacho del legislador Solís revela que los presupuestos de la Corte Suprema de Justicia de 2009 a 2016 contemplan más de ¢2.071 millones para el pago del índice gerencial a 46 personas.
