Mientras el gobierno y diputados presionan por la aprobación del proyecto Ley de Extinción de Dominio, el legislador Otto Guevara se aferra a su postura contra dicha iniciativa, la cual mantiene entrabada con la presentación de 100 mociones en contra.
Esta normativa permitiría un proceso especial para incautar los bienes a quienes no logren demostrar de dónde provienen, sin que medie una sentencia penal previa. Se ha visualizado como una herramienta clave para evitar el financiamiento de actividades ligadas al crimen organizado.
Sin embargo Guevara alega que “ese proyecto tiene serios defectos, entre los que se encuentra la violación al principio constitucional de inocencia; invierte la carga de la prueba; confisca bienes de personas sin necesidad de que haya sentencia; viola la propiedad privada.
(…) No estoy en la Asamblea Legislativa para legislar en forma irresponsable. A pesar del costo político que puedan significar mis posiciones ante ciertos temas, no puedo traicionar mis principios y convicciones, ni la confianza de quienes votaron por mí”.
Asimismo, se afianza en el criterio de la Defensa Pública para fundamentar su postura. Resaltó que durante el proceso de discusión del proyecto en la Comisión de Gobierno y Administración, en audiencia con la directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, criticó la iniciativa y advirtió de su inconstitucionalidad.
Muñoz enfatizó la violación a principios y derechos fundamentales como “el de la situación jurídica consolidada, el principio de derechos adquiridos, el principio de la duda a favor del administrado y en general el debido proceso”, según consta en un pronunciamiento oficial del Poder Judicial sobre esta comparecencia.
También recalcó que se violenta el derecho de la propiedad al no mediar una sentencia alertando, que puede llegar a “extinguir bienes lícitos adquiridos de buena fe”.
En medio de la polémica, los jefes de fracción intentan llegar a un acuerdo para acelerar la aprobación de la iniciativa.
