La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, apuesta al silencio como la estrategia para contrarrestar los ataques y críticas en su contra por haber recibido durante tres años sobresueldos ilegales.
Zúñiga se niega a hablar del pago recibido por prohibición, el cual fue declarado ilegal. La funcionaria participó el viernes en una actividad de consulta indígena en el Estadio Nacional. Tras el acto no quiso referirse al tema por el cual la oposición exige su salida del gobierno.
Tras explicar en qué consistía el tema de la consulta indígena se le preguntó sobre la resolución de la Presidencia para que devuelva los ¢27 millones que cobró de más y su punto de vista acerca de la solicitud de su renuncia, pues hasta ahora no ha querido referirse a la situación.
Sin embargo, dijo que no daría declaraciones sobre el tema y que todo lo referente al caso lo manejará el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera.
“No me voy a referir al respecto. El vocero de este tema es el señor Mauricio Herrera”, dijo.
Entre tanto, Herrera se enfrasca en no atender en una entrevista a DIARIO EXTRA, ni siquiera telefónicamente. El vocero solicitó que solo se atendería las consultas por escrito.
Zuñiga Aponte cobraba la compensación por prohibición para ejercer profesiones liberales, pese a que no podía ejercer la abogacía al no ser licenciada en Derecho y no estar incorporada al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Ese rubro implicaba un plus de 65% adicional, lo que se traduce en más de ¢800 mil mensuales.
Antes de esta resolución Zúñiga había devuelto el 20% de lo que cobró de manera ilegal, lo que corresponde a ¢7.980.306,88, esto por disposición del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, mientras se aclaraba la situación.
Ahora, con el panorama claro, la viceministra deberá cancelar los restantes ¢19 millones. Según anunció el ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, Zúñiga lo hará en tres pagos de ¢6.342.749 los meses de agosto y diciembre de 2017, y uno final en marzo de 2018.
Desde inicios de este año han trascendido tres casos de ministros y cinco de viceministros que cobraron sobresueldos ilegales. La suma entre todos alcanza los ¢189 millones.
Todos recibieron el incentivo de prohibición a pesar de que no cumplían con los requisitos para ello. Dicho plus equivale a un 65% del salario base y fue creado para impedir que los jerarcas ejerzan sus profesiones durante el tiempo que sirven al país.
No obstante, según lo dejó claro la Procuraduría General de la República, para cobrar ese plus es necesario estar incorporado al colegio profesional respectivo, en los casos en que la membresía sea requisito para ejercer la profesión.
Los ministros que cobraron salarios de más son los de Comercio Exterior, Planificación y Turismo; Alexander Mora, Olga Marta Sánchez y Mauricio Ventura, respectivamente. Mora y Sánchez recibieron ¢36,5 millones cada uno en los 3 años que llevan en el gobierno, mientras que Ventura ¢25 millones.
Los viceministros son Ana Gabriel Zúñiga (Presidencia, ¢27 millones), Víctor Barrantes (Paz, ¢30,2 millones), Carmen Muñoz (Gobernación, ¢11 millones), Ana Cristina Trejos (Vivienda, ¢11 millones) y Gina Paniagua (Agricultura, ¢12 millones).
El mandatario Solís ha asegurado que estos casos no son corrupción, pues ninguno de sus jerarcas pidió el pago, sino que es responsabilidad de los departamentos de recursos humanos.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Sábado 13 Mayo, 2017
HORA: 12:00 AM
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