Una reforma a la Ley 6041 de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) crearía un fondo de garantía por ¢2 mil millones que serviría para estudiantes provenientes de los segmentos más necesitados y que no cuenten con garantías para ser acreedores de los préstamos.
La iniciativa se discute en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde comparecieron Adrián Blanco, secretario ejecutivo de Conape, y Jean Carlos Barrientos, asesor legal, quienes manifestaron su anuencia a la creación del fondo.
“Es primordial la creación del fondo de garantía, esto nos va a permitir atender todas aquellas demandas de estudiantes que principalmente son de zonas de menor desarrollo y que han tenido una limitación para poder accesar a los recursos de la institución”, explicó Blanco.
En este proyecto de ley se propone modificar las potestades del consejo directivo y facultar a un comité de crédito para que pueda aprobar préstamos. En la actualidad todas las operaciones crediticias deben ser aprobadas por el consejo directivo, lo que genera uno de los principales cuellos de botella de la institución.
De acuerdo con el proyecto de Ley 19.966, los estudiantes que se beneficiarán mediante este fondo de garantía deben ser de los segmentos más necesitados y menos favorecidos de la población costarricense, para lo cual la institución tendrá que diseñar un instrumento de selección que contemple zona de procedencia y condición socioeconómica, entre otros aspectos, de manera que se garantice su escogencia.
La propuesta indica que para la selección de los beneficiarios se podrá usar como referencia la población del Programa Avancemos y todas las personas que cuenten con la Ficha de Información Social (FIS) del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), debidamente actualizada, sin demérito de todas las que por su condición socioeconómica puedan ser sujetas del beneficio aunque no posean dicha referencia.
El fondo se constituirá con el aporte de ¢2 mil millones que por una única vez realizará el Consejo de la Persona Joven del superávit anual acumulado proveniente de los recursos que ingresan a la institución por concepto de la devolución (primas) de las pólizas que no ejecuta el Instituto Nacional de Seguros (INS), más los intereses generados por concepto de esos aportes.
Adicionalmente la institución podrá gestionar donaciones por medio de la cooperación internacional, recibir bienes otorgados en administración por el sector privado y por las donaciones de personas físicas o jurídicas.
“El proyecto de ley permitirá a Conape ser aún más eficiente en la recepción, análisis y aprobación de préstamos a estudiantes costarricenses, los cuales mediante nuestra página web podrán efectuar sus solicitudes sin tener que invertir esfuerzo, tiempo y dinero desplazándose hasta una oficina para hacer trámites presenciales”, agregó Blanco.
Datos de Conape revelan que en 2016 aprobaron 5.826 nuevos préstamos educativos para costarricenses por un monto de ¢32.650 millones. El 62% de los beneficiarios reside en zonas de menor desarrollo.
Los registros de la Comisión indican que 100 mil ticos cuentan con un título universitario gracias al financiamiento de Conape, que se creó bajo la Ley No.6041, de 18 de enero de 1977.
“Si se analizan los beneficios que Conape genera a partir del financiamiento a estudiantes, se evidencia que los efectos y los beneficios van más allá de lo social, pues contribuyen al desarrollo de la economía, la ciencia, la cultura, la infraestructura educativa y demás actividades, ya que los beneficiarios del programa se desarrollan e incorporan con éxito al quehacer nacional e internacional en esas y otras disciplinas”, expresan los proponentes del proyecto que reformaría la ley.
