El Ministerio de Hacienda sabía del desorden con los expedientes de cobro judicial desde 2014. Así lo demuestra un informe de la Contraloría General de la República en el oficio DFOE-SAF-IF-15-2014, donde advertía a las mismas funcionarias que hoy están a cargo sobre las anomalías detectadas en la auditoría realizada.
Se trata de las funcionarias de apellidos Castro y Monge. De hecho, las recomendaciones van dirigidas directamente a ellas, como encargadas de la Dirección de Cobro Judicial y de Adeudos, respectivamente.
También se menciona a otra de apellido Quesada, quien en apariencia desempeñaba la subdirección.
Para ese año se hablaba del “extravío” de expedientes. En ese momento solo eran 14, ahora se dice que son 7 mil de los 12 mil que conforman todo el archivo. Sin embargo, a ciencia cierta, no hay una cifra exacta hasta que se haga el inventario.
Otras de las debilidades que se presumen actualmente es que no hay un programa informático apto para resguardarlos, incluyendo la falta de claves y controles de acceso.
IMPORTANTES DEBILIDADES
DIARIO EXTRA dio a conocer la alerta por la supuesta pérdida de expedientes que van para cobro judicial. Estos sumarian unos ¢50 mil millones, se había hablado de una cifra mayor a la que posteriormente se reportó.
Según el viceministro de Ingresos, Fernando Rodríguez, desde la llegada de la directora general de Hacienda, Priscilla Piedra, en 2015 conocieron de la situación.
Este medio tiene copia del oficio donde en noviembre del año anterior se pide el inventario de expedientes.
El órgano contralor advirtió en su momento que “se determinó que existen importantes debilidades en la custodia y conservación de los expedientes que dificultan su ubicación. Esta situación conlleva importantes riesgos referidos a: pérdida de expedientes o de la documentación que estos contienen, la posibilidad de prescripción o incobrabilidad de adeudos por atrasos ocasionados debido a la no ubicación o restitución de los expedientes extraviados”.
También señalaba que la Unidad de Adeudos Estatales, como las unidades que conforman el Departamento de Cobro Judicial, no permitían la asignación de un espacio único para la ubicación del archivo de gestión que reuniera las condiciones necesarias para una adecuada conservación y custodia de los expedientes.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica supo por una fuente que exigió el anonimato que en apariencia todo esto comenzó al recibirse una directriz de la Dirección General de Hacienda para que los expedientes no estuvieran en mano de los abogados sino amontonados en la Dirección de Cobro Judicial.
“Quedó evidenciado en la auditoría, ya que de los expedientes solicitados inicialmente, 14 de las categorías A, C, D, E, G, H, por la suma de ¢57.727.917 no fueron localizados. Además, incrementa el riesgo de que sumas significativas no sean cobradas debido a prescripción, lo que podría generar que el Estado deje de recaudar sumas importantes de dinero por concepto de tributos y otras rentas”, señaló la Contraloría desde 2014.
“Por otra parte, en los expedientes revisados relacionados con adeudos que fueron declarados como incobrables durante el periodo objeto de auditoría no se observó la copia de la resolución suscrita por la subdirectora general de Hacienda y la jefa del Departamento de Cobro Judicial, tampoco se encontró la recomendación suscrita por parte de un abogado para la declaratoria de incobrabilidad”, añade el documento, del que DIARIO EXTRA tiene copia.
En este momento se espera que se genere un informe final de inventario, pero se desconoce si se podrá hacer en esta administración y también el ministro de Hacienda, Helio Fallas, pidió una propuesta de informática que debe estar lista en dos semanas para ver en qué se puede avanzar.
PERIODISTA: María Siu Lanzas
CRÉDITOS: Foto: Jesús Ramírez.
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Lunes 20 Marzo, 2017
HORA: 12:00 AM
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