La propuesta de transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) en la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional (DIEN) continúa generando dudas entre los diputados de oposición.
Incluso, varios de ellos insisten en que la reforma es insuficiente y que la DIS debería simplemente desaparecer.
Ese es el criterio de Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y Mario Redondo, del Partido Alianza Demócrata Cristiana.
A Guevara le preocupa que, con el proyecto, según su análisis, la DIEN quedaría autorizada a realizar intervenciones telefónicas pasando por encima de derechos humanos.
“A nuestro criterio, la DIS debe cerrarse y su recurso humano y financiero ser trasladado al Ministerio de Seguridad Pública y someterse a los controles y no operar como una Policía política”, indicó.
Por su parte, Redondo señaló que, si bien la labor de inteligencia debe existir, lo mejor es que esté a cargo de un Ministerio y que no dependa del Poder Ejecutivo.
“Lo que es hoy la DIS no le conviene al país que se mantenga, y definitivamente debemos evolucionar a algo más civilista y no usado para otros propósitos”, afirmó.
LOBBY
A raíz de que estos legisladores, más otros como Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Jorge Arguedas, del Frente Amplio (FA); Maureen Clarke y Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional; han anunciado la presentación de “muchas mociones” con la intención de no permitir que el proyecto avance, Mariano Figueres, actual jefe de la DIS, efectúa un lobby legislativo con el propósito de aclarar las dudas que los congresistas tienen sobre el proyecto.
Consultado por DIARIO EXTRA, Figueres reiteró que el proyecto para crear la DIEN no busca permitir la escucha telefónica.
“Ellos se refieren al artículo 28, que habla de la necesidad de la inteligencia, de escuchar la frecuencia abierta, que es la frecuencia marina y aeronáutica, que se necesita monitorear por el trasiego de droga en la región”, explicó.
Aclaró que los funcionarios públicos, para poder escuchar estas frecuencias abiertas, solo podrán hacerlo por mandato de ley y únicamente por medio del Centro de Intervención Judicial.
En otras palabras, cualquier intercepción de escuchas o datos solo se podrá hacer según lo indique la ley y siempre bajo la orden de un juez.
“No estamos solicitando, ni estaría capacitada DIEN bajo este proyecto, la posibilidad de hacer escuchas, inteligencia nunca es espionaje político, ni es policía ni intervención ilegal de telecomunicaciones, lo que buscamos es un marco jurídico sólido a una institución que va a cumplir 54 años y que cada día es más valiosa para el desarrollo nacional y resguardar nuestra democracia”, insistió el jerarca.
Otro diputado que se sumó a las críticas de la actual DIS fue el jefe de fracción del PUSC, Gerardo Vargas Rojas, quien recordó que el presidente Solís había anunciado el cierre de la institución.
“Él lo dijo en campaña, y creo que nosotros debemos hacer un análisis responsable, si el Estado requiere esta figura, pero es complicado hacerlo al calor de una promesa electoral”, dijo el socialcristiano.
Al respecto, Figueres subraya que están abiertos a mejorar la iniciativa, que ya tiene dos años de trabajo en el Congreso.
En la DIS, laboran hoy 170 empleados y cuenta con un presupuesto anual de ¢3.500 millones.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Lunes 20 Febrero, 2017
HORA: 12:00 AM
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