Una nueva polémica en torno al tema de salarios en el sector público podría generarse entre los sindicatos, los diputados y el Gobierno, luego de que el Poder Ejecutivo convocó a discusión el proyecto 19.156, propuesta de la bancada de la Unidad Social Cristiana (PUSC) que pretende limitarlos.
La iniciativa de ley impediría que futuras remuneraciones en instituciones del Estado superen los 18 salarios mínimos mensuales para la categoría laboral de menor ingreso en el sector privado, es decir los ¢5,3 millones.
En el caso de los jerarcas que ganan hoy ese salario o más, el proyecto propone que esa remuneración quede congelada, es decir no reciba aumentos.
Gerardo Vargas Rojas, jefe de fracción del PUSC, insistió en que no hay motivos para que funcionarios públicos ganen “sumas desproporcionadas y ajenas a la realidad fiscal del país”.
ACUERDOS
El primero en manifestarse ha sido el colectivo sindical Patria Justa, mediante su coordinador general Albino Vargas.
El sindicalista por un lado aplaude que se busque poner límites a los sueldazos de algunos jerarcas, pero manifestó preocupación por la puerta abierta de un “congelamiento salarial”.
Ante ello mantuvo una reunión con el jefe de fracción socialcristiano y llegaron al acuerdo de incluir una moción para que se indique textualmente que los funcionarios que ganen menos de ¢5,3 millones no tendrían afectación de la ley.
“Esperamos que las otras fracciones progresistas aprueben esta ley, que el pueblo vería muy bien”, declaró el coordinador de Patria Justa.
NEGATIVA FRENTEAMPLISTA
Quien manifestó su rechazo al proyecto fue la bancada del Frente Amplio (FA). Mediante una carta que le envió al presidente Luis Guillermo Solís insiste en que esta iniciativa afecta a los empleados públicos de categorías salariales más bajas, ya que podrían terminar “congelados”, al poner como límite la inflación.
“Al sujetar a la inflación cualquier remuneración adicional al salario, el expediente 19.156 atropella el proceso de acuerdo y negociación previa entre las personas trabajadoras y el Estado como patrono, violentando la legislación nacional e internacional en materia de negociación colectiva”, señala el FA.
Los frenteamplistas insisten en que se convoque otro proyecto, el 19.883, que concentra los esfuerzos en colocar un límite de ¢5,4 millones a los salarios de lujo de quienes laboran en instituciones, entes u órganos que no operan en competencia. “Este proyecto no precariza la condición laboral de los funcionarios con menores ingresos, no propone congelamiento salarial, ni violenta los procesos de negociación”, aseguran.
PERIODISTA: Bharley Quirós Navarro
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Jueves 02 Febrero, 2017
HORA: 12:00 AM
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