Miembros de la actual directiva, así como exdirectivos del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) están siendo investigados, pues se les imputa el eventual trámite de inscripción con placas particulares y para uso discrecional de vehículos de la institución, cuando lo que procedía era asignarles placas institucionales.
La junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) abrió un procedimiento administrativo sancionatorio, a fin de esclarecer la situación real de los hechos contra Maryleana Méndez, actual directora de la Superintendencia, y los exdirectivos Walther Herrera -actual director de Mercados de la instancia-, George Miley y Carlos Raúl Gutiérrez.
Los hechos ocurrieron entre el 2010 y el 2012, cuando se realizaron las acciones para la adquisición de siete carros, de los cuales tres fueron asignados de manera discrecional, pese a advertencias que apuntaban que no procedía dicha categorización, con lo cual habrían incurrido en el incumplimiento de leyes, entre las que se encuentra la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.
Según el artículo 240 de la Ley de Tránsito y Vías Públicas Terrestres, los vehículos de uso discrecional son asignados al Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, los ministros de gobierno, viceministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al contralor y subcontralor general, al defensor y defensor adjunto, al procurador general y al procurador adjunto, entre otros, pero no incluye en listado a los directivos de los consejos como es el caso de la Sutel.
Los vehículos discrecionales no tienen restricciones en cuanto a combustible, horario de operación ni recorrido.
DESDE EL 2014
La apertura del procedimiento administrativo ordinario sancionatorio fue ordenado por la junta directiva desde el 24 de julio del 2014, mediante la resolución RJD-070-2014, en el cual se busca determinar la posible responsabilidad administrativa y civil por supuesto incumplimiento de su obligación “ello en relación con el presunto uso inadecuado de los vehículos placas 849661,853599, 853081 y 903703”, señala la resolución ROD-9-2016.
El 5 de abril del 2011, el vehículo que le fue asignado al entonces directivo de la Superintendencia, placa 853599, fue robado frente a su casa y luego se le reemplazó por otro cuyo costo, en ese momento, era de $44.500.
La Auditoría Interna de la Aresep, en el 2012, solicitó al Consejo de la Sutel el sustento legal utilizado para asignar los vehículos de uso discrecional a cada uno de los miembros propietarios y estos respondieron que los puestos que desempañan se equipara al de un gerente.
El órgano director del procedimiento convocó a los investigados a una comparecencia oral y privada el 2 de marzo a las 9 a.m., en las instalaciones de la Aresep.
POSIBLES SANCIONES
En el caso de Méndez y Herrera, al estar aún vinculados con la Sutel, de ser encontrados responsables de los hechos indagados, en la vía administrativa se exponen a una amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario de 8 hasta 30 días, así como la separación del cargo sin responsabilidad patronal.
Además, podría acarrearles a su vez el establecimiento de una responsabilidad civil solidaria por la afectación al erario público por la inscripción de las placas particulares y para su uso discrecional de la entidad cuando lo que correspondía era asignarles institucionales desde el momento de la compra.
En el caso de los exdirectivos George Miley y Carlos Raúl Gutiérrez podrían hacerle frente a la responsabilidad civil solidaria, de ser encontrados responsables.
“Por lo que, en caso de comprobarse la responsabilidad de los investigados de los hechos que aquí se intiman, estos deberán responder solidariamente de conformidad con el artículo 116 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131, al pago de la suma de ¢28.887.082,58. (…) Además se les hace saber a los investigados que los daños causados generarán intereses de conformidad con lo estipulado en el artículo 1163 del Código Civil, sobre las licencias, remuneraciones y gastos administrativos, los cuales variarán hasta la fecha que se ejecute el pago efectivo del principal”, señala el documento.
Los ¢28,8 millones están compuestos por el valor de la depreciación de cada uno de los vehículos, el consumo de gasolina, mantenimiento y reparaciones, honorarios notariales por el cambio de placa y las pólizas de seguros.
DIARIO EXTRA trató de entrevistar a Maryleana Méndez, directora del Consejo de la Sutel, y a Walther Herrera, exdirectivo y actual director de mercados de la entidad, quienes a través de la oficina de prensa respondieron que no se iban a referir al caso, porque están analizando el documento y la causa está pendiente de resolverse.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Miércoles 01 Febrero, 2017
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