Como parte del proyecto Ley de Reforma al Empleo Público, la diputada Sandra Piszk intentará ampliar el tope de salarios a funcionarios. Actualmente impone un monto máximo de ¢5 millones que abarca por ejemplo a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, instituciones autónomas, semiautónomas y municipalidades, pero excluye a empresas públicas que operen bajo el régimen de competencia y bancos del Estado.
La legisladora prepara una moción para modificar esa exclusión. “No podíamos hacerlo de la misma manera que estamos poniéndoles tope a funcionarios que no están en competencia. No es lo mismo un banco que un ministerio y además la mayor parte de los bancos tienen salario único. Es para los gerentes, para las juntas directivas, para los altos funcionarios.
También estamos trabajando para ver cómo hacemos con el caso del INS, del ICE y de otras instituciones que están en competencia, pero que no podemos manejarlo exactamente igual a como se maneja el resto de los funcionarios. Por el tema de la competencia no los podemos debilitar de una manera que los deje indefensos ante la competencia. Por eso estamos siendo muy cuidadosos y pidiendo apoyo de gente relacionada con estos temas para que nos ayude a elaborar la moción”, declaró.
Piszk confirmó que una de las opciones que valora es imponer un tope escalonado. “Creo que tendrá que ser algo más pensado en la opción de que es necesario regular y por supuesto disminuir esos altísimos salarios que tienen algunos funcionarios, incluso en las superintendencias o en las instituciones que están en competencia. No podemos arriesgarnos a que un banco nacional, un banco nacionalizado, por bajarle mucho los salarios no pueda estar en competencia con uno privado. Por eso si bien el espíritu de la moción que estoy trabajando es hacer una regulación de esas instituciones, es posible que tengamos que trabajarlo de una manera que nos asegure que no vamos a propiciar un debilitamiento de las instituciones o que tengan una fuga exagerada de trabajadores”, agregó.
Piszk prepara la moción después de las críticas lanzadas por la contralora Marta Acosta y el Ministerio de la Presidencia.
El proyecto se discute bajo el expediente 19.506 en la Comisión de Asuntos Sociales.
