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Nacionales

Presidente condena llamado a huelga

Sindicatos se oponen a plan de empleo público

Esta semana los sindicatos darán a conocer las medidas contra el plan de empleo público

El proyecto de ley que pretende recortar los pluses salariales de los empleados del sector público le traerá dolores de cabeza al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, desde inicios de año.

Los agremiados de Patria Justa y del Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) están preparándose para una huelga como medida contra este plan. El martes tras el Consejo de Gobierno, ya al tanto, el mandatario Solís condenó tales intenciones.

 “No estoy de acuerdo con que haya una huelga general. No existe ninguna razón para que esto sea así, cuando todos los espacios están abiertos para que el diálogo continúe”, señaló.

El gobierno no había llamado para el proyecto de empleo público al inicio de las sesiones extraordinarias (cuando maneja la agenda de los diputados), sin embargo, cambió de opinión y la semana anterior anunció que lo convocaría esta semana.

El Ejecutivo se vio obligado a convocar este plan, pues de lo contrario la oposición no iba a tramitar los proyectos que más le interesan al Presidente: los impuestos.

Solís fue claro en que todas las agrupaciones tienen la posibilidad de dar a conocer sus puntos de vista, exponer los pros y contras, al igual que lo harán los diputados en el Congreso.

“Existen las condiciones para un diálogo en la Asamblea Legislativa, que no justifica ningún llamado a huelga general”, reiteró.

El plan de empleo público es impulsado con vehemencia por la diputada liberacionista Sandra Piszk. La propuesta contempla un cambio en el pago de anualidades, que de aprobarse les reconocería un 1,94% y un 2,56% solo a los empleados que reciban una calificación como “muy buenos” y “excelente”, respectivamente.

Establece topes al pago de disponibilidad, de forma tal que no supere el 35%, en este momento puede alcanzar hasta un 50%; no reconoce la prohibición a los “no profesionales” y baja de un 30% a un 20% el pago a los funcionarios que sean bachilleres y de un 65% a un 60% a quienes tengan un postgrado. 

A pesar de que la ley no afectará a los empleados actuales del Estado, los sindicatos se oponen a este proyecto.

PERIODISTA: Carlos Mora

EMAIL: [email protected]

Miércoles 11 Enero, 2017

HORA: 12:00 AM

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