Seis parejas que acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en nuestro país no existía la autorización para la fecundación in vitro (FIV) recibirán ¢164 millones tras un acuerdo amistoso firmado entre los afectados y representantes del gobierno en agosto pasado.
El acuerdo fue confirmado por el asesor legal de los matrimonios, Huberth May, quien recibiría como pago de las costas procesales ¢82 millones; el abogado indicó que se hizo público, hasta ahora, porque se requería el aval de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que lo ratificó el pasado 3 de diciembre.
“Creemos que es acuerdo exitoso que pone fin a un proceso largo que iniciaron estas parejas en el 2004 y que permitió que el Estado adoptara las medidas necesarias para levantar la prohibición de la FIV y regularla adecuadamente”, aseveró May.
El 28 de octubre del 2012 dicha corte dictó una sentencia condenatoria contra Costa Rica, lo que obligó al Estado a emitir un decreto el 11 de setiembre del 2015, denominado autorización para la realización de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y transferencia embrionaria, con lo cual cumplió con lo ordenado.
Según al abogado May, en el acuerdo que firmaron las parejas se reconoce que la imposibilidad de practicar la FIV en Costa Rica durante más de 10 años generó daño material, moral en el proyecto de vida de las personas que denunciaron al Estado, por lo que se acordó:
“Establecer, como indemnización compensatoria por los daños mencionados, una suma igual a la establecida por la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del caso Artavia Murillo contra Costa Rica, de $25 mil de los Estados Unidos de América para cada una de las víctimas, para un total de $50 mil para cada una de las parejas afectadas”, indica el acuerdo facilitado por May y suscrito por Marvin Carvajal, asesor jurídico de Casa Presidencial.
Además de ese pago el Ejecutivo deberá reconocer el desembolso de costas personales y procesales como consecuencia de la realización del proceso, las cuales se establecen en la suma de $150.000, poco más de ¢82 millones.
El Estado deberá propiciar acercamientos con la Defensoría de los Habitantes de la República, con instituciones como el Ministerio de Educación, universidades y organismos de derechos humanos para generar capacitación a funcionarios del Ejecutivo y de la Caja Costarricense de Seguro Social.
