Si entre sus planes de este fin de año está ir al Depósito Libre de Golfito a realizar compras, puede estar tranquilo. A pesar de las advertencias y amenazas de cierre, el Gobierno garantizó que eso no ocurrirá, es decir, las tiendas y locales se mantendrán operando con normalidad.
El pasado martes, el Poder Ejecutivo anunció el final de la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) y anunció la conformación de su nueva directiva. La anterior había sido conformada en octubre de 2014.
El anuncio del Gobierno sobre la continuidad de la operación del depósito de Golfito se contrapone al de la antigua junta, quienes, antes de que fueran cesados, hablaron de un inevitable cierre técnico por falta de presupuesto.
El supuesto desequilibrio y el cierre del Depósito de Golfito se daría, según los exdirectivos Carlos Murillo y Manuel Herrera, porque la nueva Ley 9.356 que entró en vigencia el pasado 13 de junio, conlleva una disminución en los porcentajes de ingresos tributarios pasando de un 18% a un 14%, el primer año de vigencia; de un 14% a un 12% en el segundo año y por último un 12% a un 10% en el tercer año. Sin embargo, el Gobierno sostiene lo contrario. El ministro de la presidencia, Sergio Alfaro, dijo que el depósito cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus operaciones, de manera que un eventual cierre es improcedente.
Además, Alfaro descartó que el nombramiento de la nueva junta se diera como consecuencia de las denuncias de los antiguos directivos.
El Ejecutivo pidió a los interventores salientes entregar un informe en un plazo de 10 días hábiles, respecto a la labor realizada.
NUEVA JUNTA
En total, el Gobierno nombró a 11 nuevos directivos, entre ellos cinco de municipalidades locales, uno del sector cooperativo, otro del gobierno, uno del sector indígena, uno más del productivo, otro de los representantes de los concesionarios y otro de las asociaciones de desarrollo.
Se trata de Susan Naranjo, Rigoberto Núñez, Rose Mary Montenegro, Maribel Porras, Edwin Duartes, Wilfrido Fallas, Evelyn Alemán, Gabriel Villachica, Marielos Brown, Jorge Badilla y Mario Lázaro.
La nueva junta sesionará por primera vez el próximo martes 4 de octubre a las 9 a.m. Entre los nuevos miembros se elegirán los cargos respectivos de la junta.
NO PERCIBIERON BENEFICIOS EN AÑOS
En octubre de 2014 la situación en Judesur se tornó insostenible desde el punto de vista operativo y se constató que los habitantes de la Zona Sur del país no percibían los beneficios para los cuales Judesur había sido creada.
En ese momento la Contraloría General de la República y el Gobierno dijeron que, a pesar haber presupuestado para el cumplimiento de su gestión durante el periodo
2007-2013 más de ¢70 mil millones, sólo se ejecutaron ¢39.659 millones, que representaban apenas un 57% de ejecución presupuestaria, dejando sin ejecutar más de ¢30.421 millones, equivalentes al 43% del presupuesto que le fue asignado.
Sin embargo, los hallazgos de irregularidades no quedaron ahí: se detectaron una serie de supuestas anomalías en la asignación de las becas, así como el pago indebido de dietas por un monto de ¢2,8 millones, de 11 a 14 sesiones que nunca se realizaron durante 2011 y 2013.
PROCESOS ABIERTOS
La junta interventora saliente de Judesur impuso seis denuncias en contra de los Municipios de Osa, Coto Brus, Golfito y Corredores, por aparentes inconsistencias en la gestión y liquidación proyectos de desarrollo municipal.
El monto total de las demandas penales presentadas asciende a ¢1.853 millones. Adicionalmente, en setiembre anterior se presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la Municipalidad de Golfito por liquidaciones incompletas de 59 proyectos del periodo 1998 y 2006, por ¢346 millones.
Todos estos casos están aún en investigación.
SATISFACCIÓN EVIDENTE
El pasado martes dos de los nuevos miembros de la Junta de Judesur se mostraron satisfechos y auguraron nuevos bríos en la operación del depósito y en el uso de los recursos que se deben de destinar a la comunidad.
“Lo primero es que hay que descartar el cierre. Vamos a propiciar con el Gobierno y la Asamblea una revisión de la nueva ley para ver si hay una afectación en las finanzas. Lo que podemos asegurar es que vamos a garantizar que los recursos se utilicen en beneficio de nuestras comunidades”, dijo Wilfrido Fallas, uno de los nuevos directivos.
El diputado puntarenense Olivier Jiménez dijo que actualmente hay cerca de 2500 familias que viven de la actividad de Judesur. “Las familias del sur pueden estar tranquilas de que su fuente de ingreso no se les va a arrebatar. Los costarricenses también pueden estar tranquilos de que podrán ir hacer sus compras a excelentes precios”, comentó el legislador.
PERIODISTA: Carlos Mora
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Miércoles 28 Septiembre, 2016
HORA: 12:00 AM
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