El diputado puntarenense Gerardo Vargas anunció que analiza presentar una moción de interpelación para llamar a cuentas al plenario al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
El legislador reaccionó al conocer que la junta interventora de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) hizo público que a partir del 30 de setiembre la institución entraría en un cierre técnico, paralizando también el Depósito Libre, tras poner en vigencia la nueva Ley 9356.
Vargas asegura que se trata de un “chantaje” de los interventores y que el gobierno al haberlos nombrado debe rendir cuentas.
“Es una nueva falta de respeto hacia la Zona Sur, es un chantaje de los protegidos del gobierno que han tenido secuestrada esa institución desde hace años y quieren eternizarse en sus puestos. No entendemos cómo es que el gobierno nos ayuda a promover una nueva ley y ahora sus representantes dicen que la ley es mala.
No sé entiende por qué los directivos nombrados por el gobierno presentaron una demanda multimillonaria y absurda contra el Estado y ni así los removieron. ¿Será que el gobierno en realidad quiere cerrar el Depósito Libre de Golfito?”, expresó.
En medio de la polémica, la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de Golfito emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza el cierre técnico y desmiente el desequilibrio financiero.
“En contraposición a su argumento de falta de recursos, el jefe administrativo financiero de Judesur certifica el 7 de setiembre del 2016 que la institución cuenta con un superávit de ¢18.720.879.719,55 generados del ingreso tributario sobre las mercancías que ingresan al Depósito.
Además debe señalarse que este impuesto ingresa de forma íntegra a Judesur, razón por la cual resulta inconsistente lo señalado por la Dirección Ejecutiva, ya que sus costos operativos se reducen a una planilla de 48 colaboradores, costos de vigilancia y mantenimiento de jardines del Depósito”, denuncia la Asociación.
Pese a los cuestionamientos, el director ejecutivo de la junta interventora, Carlos Murillo, mantiene su posición.
“La Ley 9356 que crea la Asamblea Legislativa y pone en ejecución a partir del 13 de junio del año en curso provoca un estado de desequilibrio total a la institución, lo cual impactará directamente en aquellos programas y proyectos productivos y de servicios, ejecución de obras de infraestructura, programas de salud, educación, becas, turismo (…)”, indicó Murillo.
Vargas exige al gobierno nombrar ya la nueva junta y no extender la intervención desde octubre de 2014.
