Colombia: una esperanza para la paz
Sandra Piszk Feinzilber*
Esta semana pasará a la historia por ser la primera en 52 años sin guerra civil en Colombia. Se trata del triunfo de la razón y la sensatez sobre el odio, la violencia y la intolerancia. Representa uno de los más claros y recientes ejemplos de que el poder del diálogo y la negociación son infinitos, cuando se prioriza en el bien común de una nación y se deja de lado la imposición de agendas.
El proceso no ha sido sencillo. Ha implicado de parte del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y su equipo negociador, junto con los líderes de las FARC-EP, un arduo camino de discusiones, análisis y suma de voluntades para finalmente alcanzar un consenso que permita la tan ansiada consolidación de la paz. Así como también la participación de actores internacionales que han sido vitales para la generación de confianza mutua entre las partes, donde destacan representantes de los Gobiernos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, así como del mismo Secretario General de las Naciones Unidas.
La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que han causado las cinco décadas de conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, miles los muertos, miles los desaparecidos de toda índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros.
En segundo lugar, el fin del conflicto supondrá la apertura de un nuevo capítulo de la historia colombiana. Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una mayor integración de su territorio, una mayor inclusión social (en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto) y a fortalecer la institucionalidad democrática para que se asegure, de ahora en adelante, que los conflictos sociales se tramiten por las vías institucionales, con plenas garantías para quienes participen en política. Se trata, como lo han llamado ambas partes en su acuerdo final, de construir una paz estable y duradera, con la participación de todos los colombianos y colombianas.
Además, la participación y el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad colombiana contribuyen a la construcción de confianza y a la promoción de una cultura de tolerancia, respeto y convivencia en general, pues décadas de conflicto han abierto brechas de desconfianza al interior de la sociedad, en especial en los territorios más afectados por el conflicto.
Para romper esas barreras ambas partes se han puesto de acuerdo para abrir espacios para la participación ciudadana más variada y espacios que promuevan el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades, y en general, el reconocimiento por parte de toda la sociedad de lo ocurrido y de la necesidad de aprovechar la oportunidad de la paz.
El Acuerdo Final contempla distintos aspectos fundamentales para consolidar este arduo proceso: cerrar las brechas entre el campo y la ciudad creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural; permitir que surjan nuevas fuerzas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación; la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política; encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas; creación de un mecanismo de acompañamiento para que la comunidad internacional contribuya de distintas maneras a garantizar la implementación del Acuerdo Final, entre otros importantes acuerdos.
Pero, fundamentalmente, contempla acuerdos para el resarcimiento de las víctimas, creando el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, colectivos y territorios.
El acuerdo será validado por el pueblo colombiano en el plebiscito del próximo 2 de octubre, herramienta democrática aprobada por el Congreso y validada por la Corte Suprema. Ejercicio democrático no exento de escollos, donde esperemos prime la sensatez en procura por el desarme, la solución pacífica de los conflictos y la negociación pluralista.
Al mismo tiempo esta esperanza para la paz, debe inspirar en todos los rincones del mundo para lograr consensos que nos permitan sociedades más democráticas, justas, libres y solidarias.
*Diputada
Partido Liberación Nacional
