Una polémica envuelve a los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) al trascender que mientras cinco impulsan una moción para que se les perdonen las deudas a las sociedades morosas con el impuesto a personas jurídicas, de reactivarse el cobro, dos de ellos se beneficiarían con la condonación.
En los documentos con que los vinculan, que circularon en la Asamblea Legislativa y a los que DIARIO EXTRA tuvo acceso, se señala que, tras la consulta en el Registro Nacional, el jefe de fracción Gerardo Vargas debería un total de ¢2.629.841,66 en sociedades en las que figura como presidente, ¢11.182,010,76 en la que aparece como agente residente y ¢1.868.718,87 en la que figura como vicepresidente, tesorero y fiscal.
En el caso de su compañero Johnny Leiva se le atribuye una deuda por ¢2.254.297,51.
Vargas y Leiva junto a los congresistas Rosibel Ramos, Luis Vásquez y William Alvarado firmaron la moción con que buscan cambiar el proyecto de ley 19.818. Con esto se reanudaría el cobro, que fue declarado inconstitucional en 2015 y cuyos fondos el gobierno urge para resolver el faltante de policías.
La moción es la siguiente: “Las sociedades anónimas y las empresas individuales de responsabilidad limitada, que adeudaren períodos anteriores del impuesto a las personas jurídicas, y que se disuelvan en el plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, se les condonará la deuda”.
También circulan dos mociones más, pero sin el apoyo de todos los diputados, en las que no se pide eliminar de forma total lo adeudado sino que se les perdone un 70% y en otro caso un 30%.
DIPUTADO SE SACUDE
Consultado por DIARIO EXTRA, Vargas se sacudió primero afirmando que creía estar al día y se comprometió a pagar si estuviese moroso.
“Yo creo que están al día, en mi conciencia está que están al día, si me trae una certificación mañana mismo mando a pagar”, declaró. Minutos después dijo que su contador daba garantía que no existía morosidad.
Además resaltó que ayer mismo presentó una nueva moción en la que busca que se cobre a las sociedades morosas y el dinero se destine al Ministerio de Justicia.
Según alega, firmó la moción de condonar deudas en apoyo a la diputada Ramos, quien es la promotora. Justamente en la sesión del 6 de julio se enfrentó a Patricia Mora, del Frente Amplio, oponiéndose al cobro retroactivo al señalar que afectará a los “pobres de este país”.
“¿Ustedes creen que los ricos van a tener sus empresas, sus casas, sus supercarros en esas sociedades y por doscientos mil pesos se van a arriesgar a perder esos superactivos? No, no, no. Los que deben, la morosidad que hay, es de los pobres de este país”, expresó Ramos en la sesión.
El Periódico de más Venta en Costa Rica intentó conversar con el legislador Leiva, pero al cierre de edición no atendió su teléfono celular.
