La Contraloría General de la República (CGR) refrendó el memorando entre el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), para que esta última administre lo relacionado a la revisión de diseños y construcción de obras con las cuales el instituto podrá fortalecer su labor de suministro de agua potable. El monto de los proyectos asciende a $18 millones; ȼ10.112 millones de acuerdo con el tipo de cambio actual. Se trata del “Memorando de acuerdo entre AyA y Unops para el aumento de las capacidades institucionales, revisión de diseños y ejecución de obras pertenecientes al programa de abastecimiento de agua potable del Área Metropolitana de San José, acueductos urbanos y alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón, obras complementarias y fortalecimiento de la Unidad Ejecutoria AyA-BCIE”, así como dos adendas.
Los recursos provienen de un contrato de préstamo suscrito entre y AyA y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) desde el 2008, es decir, hace 8 años.
En diciembre anterior, el AyA seleccionó a Unops para que administre los proyectos de infraestructura antes mencionados, que en total beneficiarán a 131.200 personas y el plazo para su desarrollo es de 29 meses.
LOS PROYECTOS
Los proyectos a desarrollar son el abastecimiento del agua potable Liberia II, el cual beneficiará a 102 mil habitantes y cuyo monto asciende a los $4,1 millones; el abastecimiento de agua potable de Nicoya II, con el cual se busca mejorar las condiciones de 21.200 personas cuyo costo ascendería a $3,9 millones y el alcantarillado sanitario de Puerto Viejo de Limón, el cual se destinará para 8 mil personas y cuya inversión asciende a $10 millones.
“Los sistemas a implementarse se encuentran en zonas afectadas por los efectos devastadores del cambio climático. En el caso de Liberia y Nicoya por la marcada estacionalidad de las lluvias en el corredor seco del Pacífico, mientras en el caso de Puerto Viejo por la intensidad y duración de las lluvias en la época húmeda. En tal sentido el proyecto deberá tomar en cuenta la utilización de materiales y técnicas constructivas que permitan sobrellevar los citados efectos y permitan a la infraestructura montada resistir los efectos negativos potenciales propendiendo a su durabilidad”, justificó el AyA a la CGR.
RESPONSABILIDAD DEL AYA
La Contraloría es muy clara al indicar que la responsabilidad de contratar a Unops para gerenciar los proyectos de manera integral recaerá sobre la administración del AyA, al tiempo que deberá garantizar que la contratada cuente con los recursos para la ejecución del convenio.
“Se advierte que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley General de la Administración Pública, las competencias intrasmisibles del AyA no pueden ser delegadas a la Unops con el convenio en estudio. En ese sentido, el AyA tiene la responsabilidad de velar por el adecuado uso de los fondos públicos y tener un papel activo de control en la toma de decisiones”, detalla el informe DCA 2106, de la entidad contralora.
Agrega la entidad fiscalizadora que “es responsabilidad de la Administración, ejercer la fiscalización suficiente y oportuna del convenio en los términos del artículo 13 de la Ley de Contratación Administración –LCA-. De igual forma, debe velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Control Interno, específicamente, en cuanto a la identificación de riesgos, medidas para minimizarlos y el establecimiento de un ambiente de control adecuado para el alcance de los objetivos propuestos con el presente acuerdo, de forma eficiente y eficaz”.
Durante la ejecución del acuerdo se deberá velar por el correcto y eficiente cumplimiento de las funciones y roles de cada uno de los órganos que participan.
Al mismo tiempo, la entidad fiscalizadora reitera que el AyA deberá velar porque los diseños que finalmente se aprueben satisfagan la necesidad pública perseguida y una vez construidas las obras deberá verificar que las mismas sean apegadas a los respectivos diseños.
“Este refrendo se otorga bajo el entendido que la Administración adoptará todas las acciones necesarias para contar oportunamente con los terrenos donde se realizarán las obras. Siendo este aspecto de especial relevancia, se deberá realizar un plan con plazos y funcionarios responsables –quienes asumirán la responsabilidad en caso de atrasos que les sean imputables- que aseguren el contar con todos los inmuebles necesarios”, agrega el documento.
La Contraloría advirtió que la verificación del cumplimiento de las observaciones indicadas en el informe fiscalizador será responsabilidad de José Alberto Moya Segura, en su condición de gerente general, o quien ocupe su cargo.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Lunes 29 Agosto, 2016
HORA: 12:00 AM
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