Los papeles de panama - Impunidad en costa rica

Bernardo Durán Orozco *

Se nos informa de la renuncia del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; también se nos hace saber que Pedro Almodóvar, reconocido cineasta, suspende premier por caso con sociedad “offshore”; además, Gianni Infantino, Presidente de FIFA, está en dudas por polémico contrato de televisión. ¿Cuál es el común denominador de todo esto? Nada más y nada menos que los llamados “Panama Papers” (Papeles de Panamá). Dichos papeles están constituidos por una serie de documentos, extraídos de un bufete panameño denominado Mossak Fonseca, que han dado pie a serios cuestionamientos, publicados en nuestro país por el Semanario Universidad, relacionados con posibles operaciones ilícitas, que dejan al descubierto a políticos, empresarios, deportistas y personalidades de la farándula con sus aparentes evasiones al fisco. La firma legal panameña indicada, revela los movimientos de miles de millones de dólares que se hacen por las “bancas offshore” (sociedades que se crean en el exterior, constituidas por entidades financieras, normalmente domiciliadas en paraísos fiscales, especialmente en el Caribe), especializadas en el manejo de asuntos tributarios. A dichos movimientos de fondos se les atribuyen fines supuestamente lícitos, pero que también pueden representar evasiones al fisco. En lo que respecta a Costa Rica, se señala una larga lista de connotadas personalidades empresariales y políticas, entre las que destacan el diputado Otto Guevara Guth, del Movimiento Libertario; el exdirector de La Nación, Eduardo Ulibarri; y la exministra de Transportes Karla González; así como a otra serie de personalidades políticas de este país, y de otras partes del mundo. Si bien los documentos dan a ver posibles fortunas resguardadas en el Caribe, algo que no es ilegal, lo cierto es que se sospecha que pueden simular subsidiarias, o bien empresas para trasladar dineros y así evitar pagar lo que aquí corresponde en impuestos, y que eventualmente podrían constituir un delito. Después de este remezón de grandes dimensiones nunca antes visto, algunos de los posibles involucrados de este país salen a los medios de comunicación a desacreditar tales afirmaciones. Por ejemplo, el diputado Otto Guevara, a quien le endosan utilizar sociedades en Panamá para evadir al fisco, alega que los cuestionamientos contra su persona son motivados por las denuncias hechas contra la Universidad de Costa Rica, en relación con lo que indica son abusos en cuanto al gasto público, el exceso de planilla y de salarios. Ahora bien, lo que considero que es la parte más grave de este asunto, es que, al contrario de lo que ha sucedido en otros países, en que han “rodado cabezas” de gente involucrada en tales cuestionamientos, nuestro viceministro de Hacienda, don Fernando Rodríguez, sale al paso expresando que no se van a comprar los documentos de Panamá, aduciendo para ello, que en todo caso no existen los recursos y ni están planeando hacerlo. Como excusa, plantea la falta de un convenio de intercambio de información tributaria con dicho país; sin embargo, por otra parte, se nos informa de la voluntad del presidente de Panamá, de cooperar con cualquier gobierno para defender la imagen de dicho país. Por ello, no puede ser creíble lo que manifiesta don Fernando, de la falta de un convenio de tal naturaleza, sino más pareciera un pretexto para que no salga a la luz pública, los asuntos financieros de los poderosos, que los puedan comprometer. Ante esta situación, sin mostrar nada de vergüenza, anuncia don Fernando, que frente a estas revelaciones el gobierno insiste en querer aprobar el paquete de impuestos -como si fuera la tabla de salvación ante la crisis fiscal-, además de que apunta que esa sería la forma más segura para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En otras palabras, la actual administración se rehúsa entrarle a fondo a un asunto tan delicado de posible evasión de impuestos; y en vez de ello, nos quiere endosar en la forma de más impuestos, los posibles manejos irregulares de dinero que se puedan estar dando, destinados al exterior para no reportarlos al fisco; y soslayar dicha situación, según lo expresa el mismo don Fernando Rodríguez, enfrentando la crisis fiscal apostando al proyecto de fraude fiscal; pero más que todo, extrañamente aparenta una obsesión de enfrentar el combate de la evasión y la elusión fiscales mediante la reforma del IVA y la Renta, que afectaría más que todo a las clases media y baja de este país. Como se colige de lo anterior, lo que pretende este gobierno, es que al fin y al cabo seamos nosotros, los que no pertenecemos a la clase privilegiada, los que tengamos que sufragar los dineros que no llegan a las arcas del Estado. Ante esta aparente negativa del Gobierno de la República, de investigar los documentos de Panamá; en forma similar, el Ministerio Público informó que analiza las publicaciones realizadas sobre el caso que nos ocupa con el objetivo de identificar si existen sospechas fundadas de que se cometieron delitos. Aquí me pregunto, ¡pero Dios mío!, ¿cómo es posible que un ente de tal jerarquía jurídica, puede creer que en realidad se puede discernir una sospecha de la comisión de un delito con tan solo leer las noticias? Pero bueno; de manera similar la Procuraduría General de la República informó, que no iniciará una investigación de oficio contra los funcionarios cuestionados, debido a que corresponden a temas fiscales que deberá de analizar e investigar, primeramente, el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, como dice el popular refrán, de que “si por la mañana se saca el día”, estoy seguro que todo este asunto pronto quedará en el olvido, al igual que ha sucedido con el sonado caso de la “trocha”, de lo cual el mismísimo magistrado don Fernando Cruz, recientemente cuestionó la lentitud con que se ha estado llevando ese proceso. Pues bien, para mala fortuna de los que están ansiosos de que Costa Rica ingrese a la OCDE, ahora resulta que el señor Guillermo Araya, director del Grupo Acción Financiera Internacional, que cuenta con el respaldo de los países industrializados y agrupados en la organización G20, le puso de fecha límite a este país, hasta el pasado 15 de julio para que dispusiera una serie de cambios en la legislatura, que promovieran políticas públicas claras para el combate al financiamiento de organizaciones vinculadas al terrorismo y el lavado de dinero. Lo anterior indica, que muy posiblemente para los que promueven nuestra integración a tal organización internacional, se quedarán con las ganas de vernos codeándonos con los países más desarrollados del planeta. Pregunto, ¿por qué entonces, si realmente desea este gobierno combatir la evasión fiscal, mejor no comienza por investigar lo que se ha publicado como un posible préstamo con fondos públicos, por la suma de $37 millones, otorgado a personas allegadas a la empresa Yanber, que como todos sabemos pertenece a la familia Yankelewitz, en el que se involucra a los propietarios del bufete Mosack Fonseca? ¿O bien, que se investigue los ¢4.200 millones que se anuncian como producto de una supuesta defraudación fiscal de un directivo del Grupo La Nación? Si, además, saliendo de boca de uno de los mismísimos fundadores del bufete Mossack Fonseca, quien dijo que “en apariencia dicho bufete sirvió de plataforma para mover inversiones por medio de sociedades offshore por parte de empresas ligadas al narcotráfico y terrorismo”; ¿no se investiga lo que puede constituir uno de los principales desaciertos de Costa Rica para no poder ingresar a dicho organismo internacional?

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Martes 26 Julio, 2016

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Directivo Seccional ANEP-Hacienda