Pese a la constancia en las intervenciones frente a la Comisión Permanente de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, los representantes del Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Justicia, y del Poder Judicial por la Fiscalía y la Defensa Pública, aún no logran acertar con la aprobación del expediente 19.490 para modificar los códigos procesal y penal, a fin de equiparar los delitos contra la propiedad.
Algunos diputados insistieron frente al director de Adaptación Social, Reinaldo Villalobos, en que aceptar que avance el proyecto generaría una importante cantidad de casos impunes en una población totalmente vulnerada por el hampa.
“Yo no estoy de acuerdo con este proyecto, todos quieren venir a decirnos que ya hay muchas personas dentro de las cárceles, y que por el hacinamiento somos responsables. Sin embargo, eso no es un problema de la ciudadanía, esto es algo competente del sistema, responsabilidad de la inacción durante años. No se puede permitir ser alcahueta, como justificar que la gente robe, y cuando la víctima sea alguien de bajos recursos, simplemente no recibe justicia”, acotó el diputado José Alfaro del Movimiento Libertario.
El director de Adaptación Social, Reinaldo Villalobos, reconoció que el funcionamiento del sistema penitenciario no tiene un 100% de efectividad, pero enfatizó que todos los problemas que enfrentan no se consigue construyendo más cárceles.
En su comparecencia, Villalobos brindó los números que corresponden a privados de libertad encerrados por delitos contra la propiedad, que representan un 37% de la población penitenciaria total en el país.
La intención del proyecto es facultar a las autoridades judiciales para que, mediante el Código Penal y el Procesal Penal, puedan utilizar herramientas como medidas alternas a la prisión en casos en donde los infractores hayan cometido delitos contra la propiedad.
Para los diputados, las reacciones deben ser diferentes y no dejarse llevar por la presión del hacinamiento, pues podría generar afectación muy seria a la población costarricense.
“Partamos del punto en que sí existe un serio problema en el país por el hacinamiento, pero en el mismo sentido un incremento en la criminalidad, me parece que debemos afinar el proyecto en cuánto a la incorporación de técnicas jurídicas para que se aplique más proporcionalidad. Por ejemplo, infractores primarios en situaciones de hurto únicamente, sin embargo, no por eso vamos a permitir que pase a la ligera porque no podemos estar soltando a cada rato delincuentes, jamás vamos a permitir que haya impunidad”, declaró el diputado Rafael Ortiz.
Los legisladores están a la espera de la comparecencia del magistrado de la Sala III, Carlos Chinchilla, quien ha enfatizado en que el proyecto, no tendrá ningún impacto en el hacinamiento, tanto como se ha hablado por parte de las autoridades de Justicia, la Fiscalía y la Defensa Pública.
